El déficit en idiomas como barrera para la internacionalización

¿Cómo aplicar la inteligencia artificial a la mejora de la propuesta de valor de las empresas exportadoras?

Charlando con Francisco Aguilera, embajador de España en Indonesia

Nuevas (y polémicas) iniciativas de la UE en temas de derechos humanos y sostenibilidad en la actividad internacional de las empresas

Por Enrique Fanjul, socio de Iberglobal y miembro del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores

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Este artículo pertenece al nº26 de la revista electrónica: “Proyección exterior de la economía española”. Haz clic aquí para leer la revista electrónica completa.  

La Unión Europea (UE) se encuentra en el proceso de poner en marcha iniciativas legislativas que pueden tener un impacto apreciable sobre la actividad internacional de las empresas: una directiva sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y sostenibilidad y un reglamento para prohibir los productos fabricados con trabajo forzoso. Estas iniciativas, en especial la directiva, son objeto de críticas y recelos en sectores empresariales, por los costes, pérdida de competitividad y riesgos que pueden suponer para las empresas.

La directiva, conocida de forma abreviada por CS3D, por su denominación en inglés Corporate Sustainability Due Diligence Directive, tiene como objetivo exigir a las empresas que actúen con diligencia debida para evitar impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Estos impactos pueden referirse a esclavitud, trabajo infantil, explotación laboral, pérdida de biodiversidad, contaminación o destrucción del patrimonio natural. La directiva requiere que las empresas elaboren un plan de transición para la mitigación del cambio climático.

La aprobación de la directiva ha generado una importante polémica. La propuesta original de directiva fue de hecho considerablemente rebajada en su última fase de discusión, los pasados meses de marzo y abril. Uno de los cambios más destacados fue elevar los umbrales de tamaño de las empresas que deben cumplir con la norma. Con los cambios que se introdujeron, como respuesta a la oposición al proyecto original de directiva de una serie de países (entre ellos Alemania e Italia), el umbral se elevó a empresas de la UE con más de 1.000 empleados y una cifra de negocios mundial de al menos 450 millones de euros (en el proyecto original se aplicaba a empresas con más de 500 empleados y 150 millones de euros de cifra de negocios).

Los Estados miembros tendrán que transponer la directiva a sus legislaciones nacionales.

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Debate en Madrid el pasado 19 de marzo sobre el tema de derechos humanos en la actividad internacional de las empresas, organizado por Foro de Foros. De izquierda a derecha: Georgina Higueras, Juan José Durán, Pablo López, Enrique Fanjul y Rafael Ruiz-Villar.La directiva requiere que éstas prevean sanciones económicas, que podrán llegar hasta el 5% del volumen de negocios neto mundial de la empresa.

Por su parte, el reglamento sobre trabajo forzado, que ha suscitado mucho menos polémica, prohíbe la circulación de productos fabricados con trabajo forzado. (Se puede ver información sobre la directiva sobre sostenibilidad y sobre el reglamento de trabajo forzoso en la web del Parlamento Europeo).

Se trata de normas que en España han tenido hasta ahora un seguimiento escaso, a diferencia de otros países. Una de las iniciativas más interesantes ha sido el proyecto desarrollado por el think tank Foro de Foros. Puede verse en su página de Youtube la grabación del debate que organizó el pasado mes de marzo, en el que tuve ocasión de participar con Rafael Ruiz-Villar (también miembro del Club de Exportadores), Pablo López (director del Foro de Marcas Renombradas Españolas), Juan José Durán (catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid), y Georgina Higueras (directora de Foro Asia en Foro de Foros).

Polémicas sobre la directiva

La directiva sobre diligencia debida ha sido, y sigue siendo, objeto de críticas desde el mundo empresarial, a pesar de los cambios que se introdujeron para “suavizar” su contenido. Así, al aprobarse en abril la directiva, el presidente de Eurochambres (que agrupa a Cámaras de Comercio europeas), señaló: «Las implicaciones de esta directiva son preocupantes para las empresas europeas. No sólo afectará al funcionamiento de las cadenas de suministro, sino que también perjudicará a nuestra competitividad global».

Desde Business Europe, otra organización empresarial de ámbito europeo, se señaló: “El texto sobre diligencia debida se ha aprobado hoy a pesar de los numerosos problemas pendientes. Lamentamos la ausencia de salvaguardias suficientes para proteger el mercado interior de la fragmentación jurídica. Las empresas, incluidas las PYME, se verán gravemente afectadas”.

Son múltiples los motivos que justifican estas críticas.

Muchas empresas carecen de una información detallada sobre sus cadenas de suministro. Además, puede resultar complicado identificar o definir los comportamientos contrarios a los principios de los derechos humanos. Puede ser difícil establecer de manera precisa qué es una situación de trabajo forzoso, las condiciones laborales mínimas que todos los países deben cumplir, el salario mínimo que se debe pagar a los empleados, el horario máximo permitido, etc.

Para las empresas se pueden producir daños económicos serios en aquellos casos en los que tengan que reestructurar sus cadenas de suministro, una tarea que no es fácil y puede resultar muy costosa. La construcción de cadenas de suministro requiere tiempo y gastos. Es necesario identificar a proveedores, negociar con ellos, enseñarles a fabricar los productos de acuerdo con requisitos específicos, supervisar los productos para asegurarse de que cumplan con dichos requisitos, planificar la logística para el transporte, etc. Por estos motivos, reemplazar las cadenas de suministro no es una tarea sencilla, rápida o económica.

La falta de colaboración o incluso el rechazo de los países donde se encuentran los suministradores puede obstaculizar o incluso impedir la realización de las tareas necesarias para llevar a cabo la diligencia debida. Las empresas también corren el riesgo de enfrentarse a boicots de consumidores, que a menudo son promovidos por las autoridades de sus países.

Las empresas que lleven a cabo auditorías o investigaciones se arriesgan a represalias, por parte de las empresas investigadas y, especialmente, de las autoridades del país en el que éstas se encuentran.

En resumen, existe el riesgo de que se exija el cumplimiento de unos requisitos que no es factible en la práctica.

Por otro lado, se pueden producir efectos perjudiciales sobre las comunidades cuya situación se busca favorecer. Es posible que haya empresas que, para evitar los riesgos de sanciones, o simplemente para evitar la carga burocrática que supone cumplir con las obligaciones legales, los costes, las complicaciones que pueden derivarse de la directiva, decidan no instalarse o aprovisionarse en determinados países, que en muchos casos serán países en desarrollo, con el consiguiente perjuicio económico para éstos y sus habitantes.

Se puede crear una situación en la que existan diferencias, en cuanto a los requisitos que se imponen a las empresas, las medidas de control, las sanciones, etc., en la aplicación de las normas por los países de la UE, que tendrían implicaciones significativas para el mercado único.

Es probable que las empresas europeas se encuentren en una posición de desventaja en comparación con otros países. Los requisitos que exigen las nuevas normas perjudicarían a las compañías europeas en términos de competitividad en comparación con las de otros países en los que no se apliquen estas normas, o se apliquen con menos rigor.

Administraciones públicas-empresas: un diálogo imprescindible

Estas nuevas normas que buscan proteger los derechos humanos tienen un efecto positivo de concienciar a las empresas, y a la sociedad en general, de la necesidad de prestar atención a estas cuestiones.

La mayoría de las empresas comparte en este sentido los objetivos generales de la directiva. De hecho, son numerosas las empresas que han incorporado objetivos de responsabilidad social corporativa en su estrategia por propia iniciativa. En primer lugar, lo han hecho porque creen que es necesario desde un punto de vista ético. En segundo lugar, debido a que estos elementos están ganando importancia en cuanto a la reputación de las empresas, que tiene un impacto en su imagen.

Sin embargo, en amplios círculos empresariales se piensa que en ocasiones los legisladores no conocen o ni tienen en cuenta de manera suficiente la realidad en la que se desenvuelve la actividad de las empresas. Por ello, las Administraciones públicas deben promover canales de diálogo con las empresas, a la hora de elaborar o aplicar normas.

Por otro lado, los gobiernos tienen que proteger a las empresas que intentan cumplir con sus deberes y que son penalizadas por los gobiernos de otros países. Las empresas deben ser defendidas y respaldadas por sus gobiernos o por organizaciones supranacionales como la Unión Europea. Si una firma es objeto de represalias por adoptar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en sus suministros, es necesario actuar en su defensa, incluyendo sanciones económicas si es necesario. Los gobiernos de los países donde se violan los derechos humanos tienen que saber que si toman medidas contra las empresas, se enfrentarán a una respuesta.

Artículo exclusivo para Club de Exportadores e Inversores Españoles.

El “escándalo” de las comisiones en el comercio internacional

Por Rafael Ruiz-Villar, coordinador del Comité de Reflexión del Club de Exportadores e Inversores

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Este artículo pertenece al nº26 de la revista electrónica: “Proyección exterior de la economía española”. Haz clic aquí para leer la revista electrónica completa.  

El autor comenta la mala imagen con la que con frecuencia se habla de las comisiones en el comercio internacional. Las comisiones remuneran unas actividades que realizan los “traders” o empresas especializadas en el comercio exterior, actividades que tienen una gran importancia y se basan en los largos años de experiencia, éxitos y fracasos de su trayectoria personal/empresarial. 

Desde hace ya demasiados años y no sé si lustros, se viene oyendo en los medios de comunicación, tertulias y, en general, en la opinión pública y publicada, la “sinvergonzonería” que supone el cobro de comisiones. Y ello, sin entrar a matizar acerca de la posible legitimidad, interés y, en múltiples ocasiones, absoluta necesidad, de que se pague por servicios realmente prestados.

Nadie se escandaliza por el hecho de que un guía turístico, conocedor de la ciudad, nos cobre por enseñarnos los encantos que nosotros no conocemos y nos ahorre muchas horas de lectura para informarnos de lo que vamos a ver.

Tampoco nos extraña que, con el fin de agilizar gestiones administrativas, una gestoría cobre por servicios que bien podríamos realizar nosotros mismos, eso sí con una enorme pérdida de tiempo y consiguientemente de dinero.

Ejemplos similares hay a miles, pero por la misma razón, tampoco debería de extrañarnos que personas conocedoras de un país, sus fabricantes, sus procesos comerciales internos, la logística necesaria para comercializar con ese país y los trámites administrativos y legales que posibilitan ese comercio, cobren por prestar esos servicios tan útiles, necesarios y, casi siempre, vitales para no perder tiempo, dinero y, casi siempre, disgustos y pérdidas irreparables.

La reflexión nos lleva, en general, hacia los siempre vilipendiados y mal vistos “intermediarios” (“traders” en leguaje internacional) que, basándose en su conocimiento de aspectos fundamentales del mercado, realizan una actividad comercial, poniendo en contacto a los distintos eslabones de las cadenas de valor. Desde que inicié mis estudios universitarios, siempre he oído hablar mal de esta figura que, incluso, cuenta con una canción referida a los agricultores canarios y en la que se denigra a los intermediarios del “negocio frutero”.

Y el problema no estriba en la existencia de esa figura que intermedia, sino en la incapacidad que los fabricantes y, en general, los productores tienen para acceder, por ellos mismos, a los consumidores o usuarios finales. Se denosta al intermediario, poseedor de un conocimiento relevante que cuesta años, esfuerzo y bastante dinero en conseguir, para ocultar las carencias, desconocimiento e incapacidad de acceder directamente al cliente que interesa.

Y no debe ser tan fácil llegar a ese cliente, cuando los productores/fabricantes no consiguen por ellos mismos alcanzarle y terminan por caer en manos de los “terribles” intermediarios. Obviamente, se oculta que esa actividad que realiza el intermediario exige haber invertido muchas horas y dinero en conocer a fondo el valor añadido que se puede aportar con su intervención, al igual que el guía turístico ha tenido que emplear parte de su vida en consolidar los conocimientos por los que va a cobrar, posteriormente, a sus clientes que bien podrían por ellos mismos haber averiguado las bondades de la ciudad que se va a visitar.

Viene esta reflexión a cuenta de las insinuaciones que, repetidamente, se oyen en relación con la gente que cobra comisiones por realizar un trabajo basado en su experiencia y conocimientos, cimentados en años de trabajo y esfuerzo. Claro que cobran, como lo hacen todos aquellos que poseen conocimientos y el talento para poner en valor múltiples actividades en el mundo actual. Y cobran más cuanto más complejos, difíciles y necesarios son esos activos que atesoran. Nadie discute lo que nos cobra un médico, un abogado o un técnico que nos repara la lavadora, porque asumimos que el conocimiento que despliegan en su actividad tiene un fundamento para que les paguemos por sus servicios. Y nadie se queja (salvo abusos manifiestos), de que sus servicios sean remunerados. Viene a la memoria la manida historia del mecánico que arregla en un minuto y con un simple destornillador la avería de nuestro vehículo y que cuando pretende cobrarnos por ese trabajo una significativa cantidad y ante nuestras protestas, nos explica que él cobra, no por lo que hace sino por saber qué es lo que hay que hacer.

No debe, por tanto, extrañarnos que una persona o sociedad cobre por prestar unos servicios en el ámbito internacional gracias a su conocimiento, habitualmente conseguido en muchos años de actividad profesional. Por ello, asombra que nos escandalicemos cuando alguien que conoce el mundo sanitario, sus flujos comerciales, el origen y funcionamiento de sus productos y que, obviamente, tiene consolidados contactos con los proveedores y fabricantes, cobre por aportar ese conocimiento a la compra, por ejemplo, de mascarillas.

La permanente frase “en el peor momento de la pandemia” que los políticos se tiran a la cara continuamente, no hace más que poner aún más en valor, ese conocimiento que fue tan necesario en unas circunstancias de carestía de productos, fábricas colapsadas y tráfico mercantil deteriorado y tensionado.

Otra cosa muy diferente es la intervención de personas/empresas, sin recorrido ni experiencia previa, sin solvencia económica y financiera y que, sin “rubor” alguno, utilizaron sus contactos ante los organismos compradores para ganar dinero, sin poder demostrar el conocimiento necesario para su intervención, más allá del posible lucro.

De facto, nunca se entendió por los expertos cómo se centralizaron todas las atribuciones, durante la pandemia, en un Ministerio que hacía años que no compraba nada en ningún lugar, ya que era esa una actividad transferida hacía años a las Comunidades Autónomas. A partir de ahí la llamada cobergananza fue un “sálvese quien pueda”, ante la imposibilidad manifiesta de que, quien no estaba en los mercados internacionales desde hacía mucho tiempo, pudiera hacer frente a una situación de emergencia tan extrema.

La aparición de “listillos” y de oportunistas que contaban con “tengo un primo casado con una oriental que conoce mucho de esto”, seguramente ha dado pie a más de un fiasco o timo, cuando no a un enriquecimiento ilícito. Esta actitud tan española de tener siempre a un “cuñado” o similar que sabe mucho de algo, es lo que hace que en los inicios de la actividad internacional sea tan necesario actuar con criterios de profesionalidad y siguiendo un plan que nos evite gastos improcedentes, chascos y situaciones adversas.

Qué duda cabe que, para acceder a un país, tanto en su vertiente de proveedor como de potencial cliente, una empresa/institución puede no contar con nadie y con sus propios medios adquirir la experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus fines. Pero eso, llevará dedicación, personal cualificado y recursos no escasos para entablar esa aventura. Es por esa razón por la que en los mercados internacionales la figura del agente especializado en nuestra actividad y/o en ese país es de gran utilidad, en la medida que nos ahorra los dos recursos más escasos: tiempo y dinero. Asegurarnos de que ese agente cuenta con los recursos, conocimientos y experiencia necesarios deberá ser, en todo momento, nuestra principal preocupación. Y por supuesto que cobrará comisiones por su trabajo, habitualmente vinculadas al éxito de su desenvolvimiento y a la materialización de nuestras expectativas. Nada malo hay en ello, sino todo lo contrario.

De hecho, hay países como Italia en que esa figura del intermediario internacional está amplia y profusamente reconocida, limitándose el fabricante a fabricar, que es su actividad más importante y donde mayor valor añadido aporta. Las actividades de venta en el exterior se delegan a compañías especializadas en los mercados internacionales, conocedoras de las fórmulas internacionales para garantizar los pagos y cobros, las posibilidades de financiación existentes, los transportes más idóneos, los trámites y requisitos exigibles en cada país y sector, así como las fórmulas de seguros que viabilicen y garanticen el buen fin de las operaciones.

Todas esas actividades que realizan los “traders” o empresas especializadas en el comercio exterior, tienen una gran importancia y se basan en los largos años de experiencia, éxitos y fracasos de su trayectoria personal/empresarial.

No debe escandalizarnos las comisiones que se pagan en legítima y buena lid a personas/empresas de consolidada trayectoria, sino la irrupción de oportunistas que, al calor de la necesidad venden fórmulas milagro, sin contar con la necesaria solvencia técnica, económica y financiera.

* Una versión reducida de este artículo se publicó en Voz Pópuli el 29 de abril, disponible en este enlace.

Artículo exclusivo para Club de Exportadores e Inversores Españoles.

Un salto competitivo para una de nuestras locomotoras

Por Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas

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Este artículo pertenece al nº25 de la revista electrónica: “Proyección exterior de la economía española”. Haz clic aquí para leer la revista electrónica completa.  

La internacionalización del sector agroalimentario español es un caso de éxito. Su contribución en la balanza de pagos es fundamental. Posicionarse en segmentos de mayor valor añadido y reducir su atomización empresarial son algunos de sus principales retos.

La internacionalización del sector agroalimentario español ha constituido un notable caso de éxito. Así lo demuestra su evolución en los últimos quince años, en los que el saldo de su balanza comercial ha pasado de los más de 100 millones de euros en 2007 a los 13.100 millones de euros en 2022 (últimos datos disponibles).

Esta brillante trayectoria se ha ejecutado además no solo en los países cercanos por proximidad y similitud de pautas de consumo, como los de la Unión Europea, sino que el sector ha sabido diversificar sus destinos. Así, la exportación a países terceros ya supone un 36% del total exportado en 2022.

El reto es ser capaces de mantener esa tendencia en el actual contexto económico y geopolítico mundial, marcado por la incertidumbre y estando el sector precisamente en el punto de mira en distintos acuerdos comerciales.

No cabe duda de que el sector agroalimentario ha contribuido enormemente a enjugar el tradicional déficit estructural de bienes de la economía española, puesto que el montante de su balanza comercial es el más importante con diferencia entre los principales grandes sectores exportadores.

Así, el sector del automóvil cuenta con un superávit comercial de 5.978 millones de euros, menos de la mitad que el del sector agroalimentario, que es, en términos de exportaciones, el tercer gran sector por detrás de semimanufacturas, y cerca del segundo, el de bienes de equipo.

España es, por tanto, una potencia exportadora en agroalimentación, ocupando el cuarto puesto dentro de la UE, con un 10% de las ventas comunitarias en el exterior.

Factores de mejora

Este sector, sin embargo, adolece todavía de bastante margen de mejora, especialmente si nos comparamos con nuestros competidores más cercanos en proximidad y tipo de producción, como son Francia e Italia, sobre todo en los productos de mayor valor añadido, dado que en producto fresco siempre hemos contado con la gran fortaleza de nuestra producción hortofrutícola, que contribuye notablemente a la balanza comercial del total agroalimentario, y que no tiene grandes rivales en el entorno europeo.

Este salto de competitividad viene determinado por las características de esta industria, que comparte con otros sectores de nuestra economía la falta de dimensión de sus empresas, con una fuerte presencia de pymes (por encima de las 30.000), para las que el esfuerzo de salir a otros mercados representa una tarea muy exigente. Y si bien el número de empresas medianas y grandes ha progresado en los últimos ejercicios, según datos de la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), es evidente que ganar tamaño es fundamental para abordar aspectos como un mejor posicionamiento de nuestras compañías en otros mercados.

La inversión en activos intangibles como la marca, la apuesta por la innovación, o la sofisticación mayor en aspectos como la tecnología o el diseño son factores que contribuyen a dotar a nuestros productos de mayor diferenciación y valor añadido para poder competir fuera por factores diferentes que los de un precio muy competitivo. Un ejemplo lo constituye el caso del vino, sector en el que nuestros competidores, Francia e Italia, se posicionan en precios en granel de 8,48 euros/litro y 3,53 euros/litro respectivamente, mientas que el caldo español se sitúa en solo 1,40 euros/litro.

A pesar de esto, muchas empresas han logrado ser reconocidas fuera y nuestro país cuenta con una imagen de prestigio asociada a la industria agroalimentaria. Según el estudio ‘Made in: The value of country of origin for future brands’, de la consultora Future Brand, es el sector en el que la imagen país de origen de España es más positiva, siendo el tercer país, tras Francia e Italia, con mejor reputación.

Otro estudio que realizamos en el Foro de Marcas Renombradas Españolas con las consultoras GfK e Interbrand, ‘Las marcas españolas y el efecto país de origen’, sobre la percepción de nuestro país en mercados considerados prioritarios, revelaba que el sector de alimentación y bebidas es el que más se asocia a España y además es el más valorado. Sin embargo, otra de las conclusiones es que pocas marcas españolas de alimentación cuentan con una notoriedad espontánea relevante.

La importancia de la imagen país

La imagen país representa sin duda una fuente de ventaja competitiva para las empresas españolas del sector, que puede ser aprovechada, e incluso potenciada también a través de nuestro atractivo como destino turístico y nuestra excelente reputación en gastronomía.

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Los más de 80 millones de turistas que visitan nuestro país cada año pueden convertirse en excelentes embajadores de nuestras marcas si potenciamos su conocimiento a través de diferentes instrumentos de comunicación. Y la excelencia de nuestros chefs, que son reconocidos mundialmente, puede contribuir a prescribir productos que conforman nuestra dieta mediterránea y nuestra gastronomía, ambas muy apreciadas fuera de nuestras fronteras.

Algunos de los programas de promoción exterior conjunta fruto de la colaboración público-privada ya se han apoyado en estos atributos, como los que ha desarrollado ICEX España Exportación e Inversiones y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en mercados considerados prioritarios. O como los que se han realizado a través de las organizaciones interprofesionales del sector, que engloban a toda la cadena productiva de los diferentes subsectores y que cuentan, entre otros objetivos, con el de la proyección de su producción en diferentes destinos.

Es evidente que este esfuerzo colectivo tiene su repercusión en el conocimiento de categorías de producto, cuando se trata de abordar mercados complejos y vastos, como puede ser el de Estados Unidos para las empresas del aceite de oliva, por ejemplo, donde la acción en solitario puede resultar apabullante.

El sector agroalimentario también cuenta con una característica que lo diferencia de otros y es la vinculación de determinados productos con el territorio a través de las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), certificaciones que ayudan a la promoción de productos y a otorgarles un sello de calidad que apuntala la marca. Estas certificaciones pueden también asociarse a la marca España para lograr que los esfuerzos de promoción sumen y no se dispersen.

En definitiva, el sector puede aprovecharse de la reputación de nuestra dieta y gastronomía, del reconocimiento que generan en el exterior muchos de sus productos y del potencial del turismo internacional, pero también ha de saber diferenciarse mejor a través de un mejor posicionamiento basado en segmentos de calidad medio alta que no sean demasiado sensibles al precio, para evitar la competencia de países emergentes.

Y apostar por más sofisticación y más margen a través de activos intangibles (tecnología, formación, I+D+i, marca…) para poder abordar los mercados que por su poder adquisitivo son los más rentables.

Artículo exclusivo para Club de Exportadores e Inversores Españoles.

España sigue ofreciendo un marco atractivo para las inversiones extranjeras, a pesar del entorno regulatorio

Por Enrique Fanjul, socio de Iberglobal y miembro del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores

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La buena calidad de las infraestructuras, el tamaño del mercado, la localización geográfica, son atractivos clave de España para la atracción de inversiones extranjeras. Por contra, el entorno regulatorio (la carga burocrática que tienen que soportar las empresas, el funcionamiento del sistema judicial) y la fiscalidad son algunos de los aspectos peor valorados por las empresas extranjeras, que muestran en general una valoración relativamente positiva del clima de negocios en España.

Se ha presentado recientemente el estudio “Barómetro del clima de negocios en España. Desde la perspectiva del inversor extranjero. Resultados 2023”. Se trata de la 16 edición de un estudio de referencia, basado en una encuesta entre más de 700 empresas con capital extranjero, sobre el marco de los negocios en España, elaborado conjuntamente por ICEX-Invest in Spain, Multinacionales por marca España y el International Center for Competitiveness (ICC) de la escuela de negocios IESE. (Se puede acceder al estudio en la sección de España de esta revista electrónica).

No ha habido sorpresas apreciables en la edición de este año. Como conclusión general, “Las empresas inversoras confirmaron un desempeño favorable en 2022, y las cifras de cierre para el 2023 son positivas, aunque siguen viéndose afectadas por la incertidumbre de la situación económica y política internacional, como refleja la reducción de empresas que crecerán en facturación. Para 2024, las estimaciones en las tendencias de inversión, facturación, empleo y exportaciones de estas empresas son más positivas”.

El entorno regulatorio

El entorno regulatorio sigue recibiendo una valoración relativamente negativa por parte de los inversores extranjeros.

La carga burocrática en el funcionamiento de la empresa es el segundo aspecto peor valorado en toda la encuesta. También como en años anteriores, la rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles es objeto de una valoración desfavorable.

Las empresas extranjeras otorgan gran importancia a la estabilidad del marco regulatorio, que sigue recibiendo una baja valoración, y registra además un ligero retroceso en relación con el año anterior.

Como es obvio, la estabilidad del marco regulatorio es una preocupación que afecta no sólo a los inversores extranjeros, sino también a las empresas de capital nacional, una preocupación que ha aumentado en los últimos años. La introducción de nuevos impuestos, como los que se han introducido sobre la banca y las energéticas, no han debido ayudar a la imagen de estabilidad regulatoria.

Para los directivos de empresas extranjeras, las áreas más valoradas, como en anteriores ediciones, son las infraestructuras, el tamaño del mercado y el capital humano.
Algunos aspectos concretos que se valoran muy positivamente son las estructuras y servicios de telecomunicaciones, la calidad de los aeropuertos, las carreteras, los puertos y el tren de alta velocidad.

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Los aspectos de capital humano son los más importantes para las empresas, y su valoración es en general positiva. Hay un aspecto que recibe una baja valoración, el dominio de idiomas, una limitación que España tiene enormes dificultades para superar. Además, registra un ligero retroceso respecto a 2022.

El tamaño del mercado local es un aspecto clave para las empresas extranjeras a la hora de tomar la decisión de implantarse en España. Recibe lógicamente una valoración positiva.

Hay que señalar que en tamaño de mercado se incluye el acceso a mercados exteriores. Se reconfirma, por tanto, como indican diversos estudios, que España es valorada como una plataforma de acceso a otros mercados, en especial los de la Unión Europea (pero no únicamente: también son relevantes los países del Norte de África o Latinoamérica).

De hecho, la localización geográfica es el motivo para instalarse en España que más mencionan los encuestados, seguida del tamaño del mercado local y el acceso a otros mercados.

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Pasando a las áreas con peor valoración, en esta edición destacan la fiscalidad y financiación, el entorno regulatorio y los costes.

En costes han adquirido especial importancia los costes de electricidad/energía, que se han elevado en general en la economía internacional.

Otra área susceptible de mejora es el mercado laboral. Los incentivos y ayudas a la contratación laboral, los costes de despido, la adecuación de la legislación laboral a las necesidades de la empresa, son aspectos susceptibles de una sustancial mejora.

En lo que se refiere a fiscalidad, las cuotas a la Seguridad Social son el aspecto con peor valoración, aunque muy próximo a la carga del impuesto sobre sociedades.

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La calidad de vida sigue teniendo una valoración claramente positiva. La seguridad recibe una valoración muy positiva, al igual que sucede con la calidad del sistema sanitario.

Las empresas con capital extranjero han tenido tradicionalmente un peso muy destacado en las exportaciones. Según esta última edición del Barómetro, un 69% de las empresas extranjeras encuestadas exportan a terceros mercados desde España, y manifiestan expectativas favorables cara al futuro.

El estudio refleja un grado alto de estabilidad en cuanto a los planes de presencia en España de las empresas extranjeras. El 86% de las empresas encuestadas aumentaron o mantuvieron sus inversiones en 2023, con un pequeño descenso respecto a 2022 (89%). En 2024 un 88% tiene previsto mantener o aumentar sus inversiones.

(Nota: los gráficos recogidos en este artículo han sido extraídos de la publicación “Barómetro del clima de negocios en España. Desde la perspectiva del inversor extranjero. Resultados 2023”, elaborada por ICEX-Invest in Spain, Multinacionales por marca España y el International Center for Competitiveness (ICC) de IESE).

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Cadenas Globales de Suministro y globalización: tres dudas causales y una nueva realidad

Por Juan José Zaballa, Técnico Comercial y Economista del Estado, Doctor en Economía

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Las Cadenas Globales de Suministro (CGS) se han convertido en particularmente vulnerables ante cualquier evento o circunstancia que afecta a la logística internacional. ¿Están las empresas españolas preparadas para incorporar en sus planes de negocio o en sus estrategias de internacionalización esta nueva realidad de la economía internacional? 

Nuevamente, la logística y, consiguientemente, también las Cadenas Globales de Suministro (CGS), se encuentran ante una tormenta perfecta. En esta ocasión, la conjunción del cierre del acceso de buques cargueros al Canal de Suez, a través del Mar Rojo, y la reducción en un 33% del tráfico en el Canal de Panamá, por efecto de la sequía, hacen que los precios y los tiempos del transporte marítimo se disparen.

Estos dos factores, unidos a una estructura de los procesos industriales modernos, concebida a partir del “just in time” y, consecuentemente, la práctica ausencia de stocks reguladores de componentes, hace que las CGS modernas resulten particularmente vulnerables a incidencias de este tipo.

Pero el caso es que no hace falta ejercer mucho la memoria para recordar que circunstancias de este tipo, bien recientes, han supuesto graves contratiempos para la economía mundial. Así, la pandemia, la guerra de Ucrania, etc., son fenómenos que han afectado a las CGS.

Ante esta realidad, crecientemente recurrente, cabe preguntarse cuál es la relación causal: ¿son los riesgos cada vez más frecuentes o, por el contrario, son las CGS crecientemente sensibles a los mismos?

La opinión, tanto académica como fundamentada en la operativa real de los mercados, parece apuntar en esta segunda dirección. Las CGS, crecientemente sofisticadas en términos de número de intervinientes, en virtud del proceso de desagregación y externalización de los procesos productivos, y de dispersión geográfica de dichos intervinientes, en ambos casos, espoleadas por la búsqueda de especialización y economías de escala, se han convertido en particularmente vulnerables ante cualquier evento o circunstancia que afecta a la logística internacional.

Pero la logística no es el único factor de riesgo que afecta a estas sofisticadas CGS. Así, la economía mundial bulle ante nuevos conceptos como “decoupling”, “de-risking” o “seguridad económica”, que imponen una tensión adicional sobre estas CGS. Nuevamente, es difícil identificar, de manera unívoca, la relación causal: ¿son estas iniciativas, de carácter marcadamente geopolítico, las que generan la tensión de las CGS o, por el contrario, son estas tensiones en las CGS las que fundamentan y dan sentido económico real a dichos movimientos geopolíticos?

Lo cierto y verdad es que esta nueva realidad geopolítica toma cuerpo en el reciente protagonismo que está cobrando la inseparable dualidad política comercial-política industrial dentro de los actuales “policy mixes” de los principales agentes económicos mundiales: los EE. UU., China y la UE.

El cambio más significativo en el paradigma económico mundial ha sido la Inflation Reduction Act (IRA) norteamericana de 2022. Este cambio plantea una tercera duda causal: ¿los cambios en las CGS son el resultado de este cambio en el paradigma económico mundial o, por el contrario, es el cambio en dicho paradigma el que está provocando los cambios en la estructura y composición de las CGS?

Así, si las actuales CGS son, junto con los flujos de Inversión Directa Extranjera, la materialización más palpable del fenómeno económico más significativo desde la caída del muro de Berlín como es la globalización, la reestructuración de las mismas será la evidencia material de su desconstrucción, de la desglobalización.

Ciertamente, este no es un cambio que se verificará de un día para otro. Los datos que se desprenden de la encuesta que, anualmente, hace la Cámara de Comercio norteamericana en China acerca del clima de negocios en este país (1), evidencian la contradicción que existe entre las preocupaciones geopolíticas y las naturales presiones de la cuenta de resultados, pero la persistencia de riesgos como los señalados es, para las empresas, creciente.

La pregunta ahora es si las empresas españolas están preparadas para incorporar en sus planes de negocio o en sus estrategias de internacionalización esta nueva realidad de la economía internacional, que les afectará en su doble faceta de suministradores, aguas abajo, o de compradores de componentes, aguas arriba.

La geoeconomía carece de sentido en un mundo de economías cerradas, pero, por el contrario, se convierte, para las empresas, en un conocimiento precioso y preciso, en el marco de un mundo como el actual, que reúne dos condiciones excepcionales: está globalizado y está mutando.

  1. China Business Climate Survey Report – AmCham China

Artículo exclusivo para Club de Exportadores e Inversores Españoles.