Inversión española en el exterior: Asia y África todavía esperan

Antonio Bonet (presidente del Club)
El Economista
14 de julio de 2018

El sector exterior ha sido un elemento clave en la superación de la crisis económica y en la transformación de nuestro modelo productivo, hoy más volcado que nunca hacia los mercados internacionales. En el periodo 2010-2017, España ha aumentado sus exportaciones de bienes y servicios en un 62%, hasta rondar los 400.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta, además, que la inversión directa de las empresas españolas en el exterior supone un stock de 500.000 millones de euros. Se trata de una cifra equivalente al 45% de nuestro PIB y que nos coloca en el puesto número 12 entre los mayores emisores mundiales de IED.

Que España ocupe un lugar importante en ese ranking mundial pone de manifiesto la capacidad financiera y solvencia tecnológica de nuestras empresas y sus cuadros profesionales, precisamente porque hablamos de inversiones que miran al largo plazo. Incluso en los peores años de la pasada crisis económica, con la excepción de los ejercicios 2009 y 2012, los flujos de inversión de las empresas españolas en el exterior no descendieron de los 30.000 millones anuales, manteniéndose actualmente este ritmo inversor.

Las empresas españolas cuentan con más de 10.000 participadas (directa o indirectamente) en el exterior, que facturan 500.000 millones de euros y generan más de 1,6 millones de empleos. Sin duda, una posición tan importante no se improvisa en poco tiempo; es más bien el resultado de una apuesta decidida a lo largo de los últimos veinticinco años por abrir y consolidar mercados con recursos e infraestructuras propios.

Merece la pena recordar que a la primera oleada de inversiones extranjeras orientada hacia Latinoamérica, acontecida en la década de los noventa, siguió en la década posterior la reorientación de los flujos de capital hacia la Unión Europea. Y más recientemente, en el foco de las empresas se han posicionado con fuerza destinos como Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, la Unión Europea y América Latina concentran el 70% del stock de la IED española, mientras que Estados Unidos y Canadá representan ya el 19%. Sin embargo, todavía hay una amplia área geográfica, la representada por los países de Asia y África, donde la presencia del capital productivo español es muy reducida, a pesar de que concentran la mayor parte de la población del planeta y que su potencial de crecimiento es muy alto. Nuestro stock inversor en estas regiones (estamos hablando nada menos que de dos continentes) no supera de forma agregada el 3,3%, lo que resulta elocuente del margen de mejora que tenemos por delante y, sobre todo, de las oportunidades que podemos explotar. Nuestros principales competidores europeos tienen una presencia inversora en África y Asia muy superior a la española.

Hoy nadie duda de que la inversión exterior rinde buenos réditos a nuestras empresas: promueve la integración de las empresas en las cadenas globales de valor, les permite acceder a mercados de escala, al tiempo que supone generar crecimiento económico y empleo en los países emisor y receptor de la inversión (no hay que olvidar que las actividades de mayor valor añadido normalmente permanecen en España).

Precisamente por todas estas razones, las autoridades españolas están contribuyendo a potenciar al máximo un fenómeno que ya ha adquirido dimensión estructural en nuestra economía, si bien es cierto que aún hay margen de mejora en estos apoyos. Seguimos adoleciendo de un déficit de representación exterior en determinadas áreas geográficas en las que se ubican algunos de los mercados más dinámicos del planeta. Además, desde el Club de Exportadores e Inversores entendemos que sería recomendable ampliar la red de convenios de doble imposición, como por ejemplo con Angola y Perú. El régimen fiscal de operaciones relacionadas con la inversión extranjera también es susceptible de revisión. Por ejemplo, se debería mejorar el marco que rige actualmente para los expatriados, así como la relación entre la matriz española y las filiales, con posibilidad de deducibilidad de la renta negativa procedente de establecimientos permanentes situados en el extranjero en el propio periodo impositivo.

Se trataría, sencillamente, de equipararnos a nuestros socios comunitarios para asegurar la competitividad internacional de los inversores españoles.