La inversión extranjera directa (IED) constituye uno de los factores decisivos para el desarrollo económico de cualquier país, y sin duda lo es para España, si tomamos en consideración el impacto que la presencia de filiales extranjeras en nuestro territorio tiene sobre algunos de los indicadores económicos clave. A modo de botón de muestra, es posible que sorprenda un dato: pese a suponer solo el 0,5% de las empresas activas (el 1% si nos referimos solo a las industriales), contribuyeron al 16% del total de las personas ocupadas en 2020 y casi al 29% de la cifra de negocios total de las empresas en España, además de ser responsables del 41% (el 50% en el caso de la industria) de las exportaciones de bienes y servicios.

Si aplicamos el microscopio a esta realidad, posibilidad que nos permiten los datos del Registro de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Estado de Comercio, encontramos que en España se contabilizan más de 18.000 empresas de capital extranjero, a las que se deben 1,7 millones de empleos directos. Esta cifra, correspondiente a 2020 (último año del que se dispone de datos stock), es superior en un 23,4% a la que se registraba antes de la crisis financiera de 2008. Además, su facturación agregada asciende a 502.904 millones de euros, el equivalente al 45% del PIB registrado en ese ejercicio.

Que España haya conseguido acaparar esta cifra tan significativa de inversión productiva tiene que ver con múltiples factores, algunos de ellos, como ponía de manifiesto recientemente una encuesta sobre la base de datos Fdi Markets de Financial Times, relacionados con las propias dinámicas del mercado (su proximidad a clientes o su potencial de crecimiento y la disponibilidad de recursos humanos). Además, si algo destacan de nuestro país los inversores son sus modernas infraestructuras y, en general, su elevada calidad de vida. Sin embargo, la valoración sobre el clima de negocios aportada por el barómetro realizado por ICEX-Invest in Spain a empresas establecidas, valora de forma menos positiva algunos ámbitos del entorno regulatorio, como la fiscalidad o la innovación, aspectos que deberían llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción, habida cuenta de que, en el actual contexto económico y financiero mundial, los países se enfrentan a una creciente competencia por la captación de inversión extranjera directa y a una posible ralentización de la misma.

Según datos publicados por la UNCTAD el mes de junio pasado, los flujos mundiales de IED remontaron en 2021 un 64%, hasta los 1,58 billones de dólares, superando ya los niveles anteriores a la pandemia y llevando stock global a su máximo histórico (45,4 billones de dólares). Sin embargo, su evolución deja traslucir algún detalle preocupante. Por ejemplo, la inversión greenfield, referida a nuevos proyectos, se mantuvo en 2021 por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en la mayoría de los sectores.

Se trata, además, de una tendencia a la que España no es ajena. Aunque en 2021 se alcanzaron casi los 22.000 millones de inversión neta, superando en casi un 16% la media de los últimos diez años, se aprecia una evolución creciente de las operaciones de adquisición, muy por encima de las de reinversión y ampliación y las de nuevas inversiones. Mientras que las primeras representaron el 53% del total, las nuevas inversiones solo alcanzaron el 19%.

Incentivos necesarios

Aunque con los datos en la mano no parece que el nuevo marco jurídico de control y autorización previo de la inversión extranjera directa aprobado por el Gobierno en 2020 haya tenido hasta el momento un impacto negativo en el flujo de inversiones hacia nuestro país, la trascendencia de este factor, que supone en la práctica una suspensión del régimen de liberalización de inversiones extrajeras, debería constituir motivo suficiente para que nuestras autoridades tratasen de compensarlo con la introducción de mayores incentivos y facilidades de tipo regulatorio con el fin de incrementar el atractivo de nuestro país como destino de inversiones.

Si algo han dejado patente las filiales extranjeras en España en los últimos años no solo ha sido solo su contribución fundamental al crecimiento, sino además una mayor resistencia ante los ciclos económicos adversos. La prueba la tenemos en su comportamiento durante 2020, el ejercicio de la pandemia. Mientras que la cifra de negocios de las empresas en España se desplomaba una media del 14,2% respecto al año anterior, las filiales extranjeras vieron reducida su facturación únicamente en un 9%, cinco puntos menos que la media nacional. Y lo mismo podríamos decir de su capacidad para seguir creando empleo incluso durante ese periodo tan adverso. Si en España se destruyeron 622.600 empleos en 2020, las filiales de empresas extranjeras generaron 17.691 nuevos puestos de trabajo en relación con el año precedente. Todo ello es el resultado, entre otros factores de su mayor tamaño estructural (152 empleados de media frente a los 6 de las empresas españolas), aparte de un mayor acceso a la tecnología y una más alta capacidad innovadora, lo que repercute positivamente en sus tasas de productividad.

En consecuencia, dada la trascendencia que para España ha tenido y tiene la inversión extranjera, en un contexto económico tan complejo como el actual, pensamos que es el momento de plantearnos como país unos objetivos ambiciosos en este ámbito que favorezcan la creación de empleo y la generación de riqueza para los ciudadanos. A este fin debería contribuir el diseño e implementación por parte del Gobierno, y prestando atención a lo que las empresas extranjeras que han aportado valor, de políticas a corto y medio plazo que mejoren el atractivo de nuestro país, fundamentalmente desde el punto de vista regulatorio y facilitador, compensatorio de los mecanismos de control, así como la definición de una cartera de prioridades de inversión fundamentada sobre criterios de sostenibilidad.

Adicionalmente, sería muy importante poner en marcha programas de creación de talento, con plataformas que acerquen la oferta y la demanda. Su disponibilidad es uno de los criterios que sistemáticamente mencionan los inversores extranjeros para decidir la elección de un país o región. Construir y hacer pública esa cartera posicionaría mejor a España y sus territorios en el contexto inversor internacional, y también haría predecible y más transparente la ejecución de los proyectos.