Los últimos treinta años de la historia económica de España, el mismo periodo que ha cubierto excelentemente la revista Ejecutivos, constituyen, en líneas generales, un ejemplo de superación y de éxito, al que han contribuido la estabilidad institucional, con la Corona al frente, y un entorno de confianza favorecedor de la inversión y el consumo.

Si nos centramos en el sector exterior, podemos afirmar que el camino recorrido ha sido especialmente brillante. Nadie podía imaginar entonces que las exportaciones españolas de bienes y servicios llegarían a representar el 35% de su PIB, como ocurre actualmente, habiendo alcanzado en 2019 una cifra superior a los 430.000 millones de euros.

También se ha registrado un salto cualitativo en términos de inversión extranjera directa. Según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la inversión española en el exterior se ha multiplicado casi por 40 en estos treinta años. Hablamos de un stock de inversión cercano a los 500.000 millones de euros, concentrados principalmente en la Unión Europea y en América Latina, y ganando cuota en Estados Unidos. De hecho, nuestra inversión en este país —quién lo hubiera imaginado entonces— es equivalente a la que mantienen las empresas estadounidenses en nuestro territorio.

España es hoy un país mucho más internacionalizado que entonces, lo que también tiene su reflejo en el elevado número de filiales que las empresas españolas tienen en el exterior. Son más de 6.000 filiales que suman 770.000 empleados y una cifra de negocio superior a los 200.000 millones de euros anuales. De esta manera, España ha conquistado posiciones de liderazgo mundial en diversos sectores como la banca, la energía o las infraestructuras.

A tenor de la evolución descrita, podemos afirmar que las empresas que exportan se han dado cuenta de que la actividad internacional es un elemento indispensable para la supervivencia de su negocio. Y precisamente ha sido esa actitud la que se ha constituido en la principal fuerza motriz para el crecimiento económico de España tras la crisis económica de 2008.

Sin embargo, las consecuencias de la pandemia no nos dejan margen para la autocomplacencia. El ejercicio 2020 está siendo muy duro para el sector exterior español, como indica la fuerte caída (-15,8%) en las exportaciones de mercancías en el primer semestre. Y no somos optimistas para 2021, porque el tamaño del mercado mundial se va a reducir, lo que hará aumentar la competencia internacional.

¿Qué capacidad tienen las empresas españolas para desenvolverse en este contexto? Sólo vemos una alternativa: mejorar su competitividad. Y ese desafío concierne tanto a las empresas como a las autoridades económicas, en quienes recae la responsabilidad de crear un marco normativo favorecedor de la actividad empresarial.

Nuestras empresas se enfrentan al reto de mejorar la calidad de sus productos y servicios, de manera que el precio no sea el único factor relevante a la hora de competir, y eso pasa por aumentar el componente tecnológico de nuestras exportaciones. También sería conveniente reforzar nuestra presencia en las regiones del mundo con mejores perspectivas de crecimiento a largo plazo, como son Asia y África subsahariana.

Por lo que respecta al marco institucional o regulatorio, es evidente que España necesita acometer reformas estructurales para dinamizar la competitividad de las empresas españolas, lo cual tendría sin duda efectos positivos en términos de internacionalización. Necesitamos aumentar la base exportadora regular, que hoy apenas si suma 53.000 empresas, y para ello, favorecer el aumento del tamaño medio de la pyme española resulta decisivo. Y, por supuesto, mantener un entorno en el que se valore positivamente el papel fundamental que desempeñan las empresas en la creación de riqueza y empleo.