Que la globalización está cuestionada desde varios frentes desde hace algunos años es una verdad irrefutable, y con ella la de algunos patrones de organización y producción empresarial que están en la base del crecimiento y el desarrollo de muchos países en el mundo a lo largo del último medio siglo. Nos referimos a las cadenas globales de valor (CGV), cuyo nacimiento y desarrollo se vio favorecido por el sistema multilateral de comercio.

Las CGV surgen como una estrategia de empresas internacionalizadas, especialmente multinacionales, para aumentar la eficiencia productiva y reducir costes (y por tanto precios) de los bienes y servicios que producían. Para ello, descomponen el proceso productivo en multitud de elementos, desde el diseño hasta el ensamblaje final, pasando por la fabricación de componentes y productos intermedios o el marketing. Y la ejecución de cada una de estas tareas se realiza en uno o varios países por aquellas empresas que garanticen la mejor relación calidad-precio.

La primera amenaza a las CGV surge por el cuestionamiento del multilateralismo. Sin duda, el desembarco de la Administración Trump, con su “America first”, supuso una llamada de atención respecto de la nueva deriva económica, que promueve el proteccionismo y restringe la libertad comercial, que ha ido abriéndose camino en el mundo. Ahora la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que acelerar esta tendencia, que ha prendido en otros muchos países occidentales. Ahí está, por ejemplo, el anuncio del Gobierno francés vinculando las ayudas públicas a la industria automovilística con la repatriación de la producción, en la idea de que su grado de deslocalización es excesivo.

Se trata de una creencia compartida por otras economías europeas e incluso por la Comisión Europea, que en el diseño de su nueva estrategia industrial, anunciada el pasado mes de marzo, apostaba por una globalización más equilibrada. Es cierto que la apertura de los mercados y la competencia siguen siendo principios básicos en la Unión Europea, pero en su discurso institucional ha calado la idea de reducir la dependencia externa de bienes y servicios para salvaguardar la soberanía tecnológica y económica.

Aquellos que cuestionan las cadenas globales de valor apoyan sus argumentos en algunos de los aspectos más desafortunados de la pandemia, cuyo foco inicial se sitúa en China. No es solo que el confinamiento en ese país terminase paralizando gran parte de la actividad de las economías industrializadas a través de las cadenas globales de valor, sino que la carencia de muchos productos sanitarios producidos prácticamente en exclusiva en el país asiático ha alentado un debate en favor de la reindustrialización y el retorno de la producción deslocalizada a los territorios de origen.

A la hora de analizar el fenómeno en su completa dimensión, no debería olvidarse lo que las CGV han aportado al progreso económico en el mundo. Su desarrollo desde los años ochenta está detrás del notable incremento de los intercambios mundiales de mercancías, servicios y capitales, con un impacto muy significativo en la reducción de los costes de producción. Asimismo, sus efectos han sido especialmente beneficiosos en los países emergentes, que han conseguido incorporarse a los mercados mundiales alcanzando elevadas tasas de crecimiento.

De hecho, algunos ejemplos de relocalización llevados a cabo en los últimos años han puesto de manifiesto que generan más inconvenientes que ventajas. Y para demostrarlo está el caso de Apple, empresa prototipo de la extensión de las cadenas globales de valor. En 2012 decidió ensamblar su MacPro en Estados Unidos, en vez de seguir haciéndolo en China. Pero la dificultad para proveerse de componentes en el mercado nacional, así como las condiciones laborales existentes en Estados Unidos, provocaron un considerable retraso en su aparición y elevaron los costes hasta el punto de que el MacPro se convirtió en el producto más caro del catálogo de Apple. Finalmente, solo la presión de la Casa Blanca y la exención arancelaria otorgada para el suministro desde China de ciertos componentes han hecho posible el mantenimiento de la producción en Estados Unidos.

La crisis provocada por el COVID-19 supondrá una reconfiguración de las cadenas globales de suministro, pero no desaparecerán, como predican algunos agoreros. A partir de ahora es previsible que muchas empresas traten de combinar la necesidad de reducir el riesgo de disrupciones en el aprovisionamiento, derivado de la dependencia externa, particularmente de China, con la búsqueda de nuevas localizaciones que permitan seguir accediendo a mejores condiciones de coste. Igualmente, todo parece indicar que nos encaminamos a un acortamiento de las cadenas globales de valor; es decir, a no dispersar tanto geográficamente las diferentes partes del proceso productivo, concentrándolas dentro de ámbitos geográficos más reducidos, entre países que compartan un entorno de negocios similar, con el fin de evitar conflictos o favorecer su resolución, si se presentan.

La evidencia empírica muestra que las cadenas globales de valor son estables, eficientes y flexibles y que han proporcionado muchos efectos positivos en la economía mundial, sin duda superiores al de aquellos otros modelos que propugnan los que quieren sustituirlas. Ahora bien, como estamos viendo, tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias de seguridad y riesgo que se han puesto de manifiesto en el mundo. Y quizás, más importante: deberán resistir los embates de un discurso nacional-populista instalado en muchas administraciones, especialmente en un contexto de crisis y pérdida de empleos y tejido industrial en las economías avanzadas.

Esperemos que las administraciones no terminen cediendo a estos cantos de sirena. De lo contrario, no tardarán en manifestarse efectos adversos sobre las inversiones empresariales y la eficiencia productiva. Y todo ello conduciría, no lo olvidemos, a un encarecimiento de los precios y una pérdida de la competitividad que limitaría el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos en todo el mundo.