Este año 2020 que ya dejamos atrás, y que pasará a la historia como el de la pandemia de COVID-19, ha cosechado un desalentador balance económico, que ha tenido también su reflejo en el comportamiento de las exportaciones españolas de bienes y servicios. Según los datos disponibles hasta la fecha, las ventas al exterior disminuyeron más de un 20% con respecto al ejercicio anterior como consecuencia tanto de la caída de la demanda externa como de las restricciones a la movilidad internacional.

De cara al ejercicio que ahora iniciamos, es previsible que registremos un repunte de las exportaciones, aunque difícilmente podremos recuperar los niveles alcanzados en 2019. La contracción del comercio mundial, que limita la demanda de bienes y servicios, introduce un mayor grado de competencia en los mercados internacionales, y a ello se suma el persistente entorno de incertidumbre económica y de restricciones a la movilidad internacional aún imperante. En el caso de las empresas, estas restricciones dificultan la detección de oportunidades comerciales y constituyen una importante barrera para la negociación de nuevos contratos, la ejecución y seguimiento de proyectos en marcha y la presentación de nuevas propuestas u ofertas de productos y servicios.

Al margen de la pandemia, 2020 nos ha dejado en su recta final dos buenas noticias que no podemos dejar de reseñar. Por un lado, la firma del acuerdo que definirá las nuevas relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido. Desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles entendemos que es un acuerdo satisfactorio al permitir el intercambio de mercancías sin aranceles ni restricciones cuantitativas, si bien apenas profundiza en el ámbito de los servicios.

El otro hecho relevante ha sido la firma del acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China, después de siete años de negociación, que permitirá a las empresas comunitarias disfrutar de un mejor acceso a diversos sectores del mercado chino, un mercado, no lo olvidemos, de 1.400 millones de habitantes y que representa en torno al 18% del PIB mundial.

Dentro del capítulo de noticias positivas para el comercio exterior acaecidas en 2020, podríamos incluir también la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, que, a priori, pensamos que servirá para aminorar las tensiones comerciales con China y revitalizar las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, cuyo órgano de apelación lleva más de un año bloqueado por voluntad de la Administración Trump.

En clave nacional, el pasado mes de diciembre se celebró la IV Cumbre de Internacionalización, que aglutinó las propuestas de las principales organizaciones empresariales españolas, entre ellas las del Club de Exportadores, para impulsar nuestro sector exterior. En este importante cónclave, presidido por Su Majestad el Rey, tuvimos la oportunidad de expresar nuestro convencimiento de que el sector exterior puede convertirse, como ya lo hizo en la crisis de 2008-2012, en motor de recuperación de la economía española.

No obstante, con el fin de reforzar su pujanza, desde el Club de Exportadores insistimos en la necesidad de poner en marcha una política de Estado en materia de internacionalización, en la que todos los ministerios con competencia directa o indirecta en materia de empresa y de cuestiones internacionales estén coordinados para introducir reformas estructurales en la economía española.

A nuestro juicio, España necesita aumentar el tamaño medio de sus empresas como condición indispensable para ensanchar la base de empresas exportadores. En 2019 se registraron apenas 53.000 empresas que vendían mercancías de forma regular al exterior, es decir, que lo habían hecho de forma consecutiva durante los últimos cuatro años. Se trata de una cifra bastante escasa si tomamos en consideración el tamaño de la economía española y la realidad de otros países de nuestro entorno.

Favorecer un marco legal que permita a las empresas ganar tamaño contribuiría a contar con más empresas exportadoras. Así lo vienen constatando desde hace años numerosos expertos y organizaciones empresariales. No parece lógico que, a partir de determinados umbrales, los requisitos que se exigen a las pymes sean los mismos que se demandan a las grandes empresas. Ocurre, por ejemplo, en el aspecto laboral, con la obligación de constituir un comité de empresa cuando la plantilla sobrepasa los 50 empleados. Pero también en materia tributaria: cuando la facturación supera los seis millones, las declaraciones de IVA e IRPF pasan de ser trimestrales a mensuales. Todo ello desincentiva el crecimiento de las pequeñas empresas y, por tanto, limita el potencial de internacionalización de nuestra economía y reduce el crecimiento.

Asimismo, las empresas españolas necesitan contar un marco fiscal adecuado a las necesidades del sector exterior. En ese sentido, lamentamos que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 limiten la exención sobre los dividendos, beneficios y plusvalías obtenidas por filiales y establecimientos permanentes en el exterior. Se trata de un claro desincentivo a la actividad internacional de las empresas españolas en un momento, además, en el que la pandemia y las restricciones de movilidad que ha traído consigo acentúan la necesidad de las empresas españolas de contar con filiales en el exterior.

Y lo mismo podríamos decir respecto al ámbito laboral. Consideramos que es imprescindible mantener, e incluso profundizar, la reforma de 2012, que tan buenos resultados ha generado en términos de competitividad, exportación y empleo.

Por lo que se refiere a la financiación de las exportaciones, creemos que se pueden introducir algunas reformas para mejorar el sistema. Entre otras, la derogación de la ley de deuda externa del año 2006, que supone un corsé para la financiación de operaciones en el África subsahariana. Y también la reintroducción de ayudas no reembolsables para la elaboración de estudios de viabilidad, tal como hacen los demás países de nuestro entorno.

Por su parte, las empresas deben hacer un esfuerzo para mejorar su oferta exportadora, primando sobre otros factores la calidad y el valor añadido de nuestros productos y servicios. Es evidente que la competitividad internacional de nuestras empresas no puede basarse en el factor precio, sino en esos otros activos intangibles, como el diseño, la innovación o la marca, donde se libra actualmente la auténtica competencia internacional.

De igual modo, nuestras empresas necesitan diversificar sus estrategias comerciales y de inversión hacia otros mercados más dinámicos y con mejores perspectivas de crecimiento, que además presentan interesantes oportunidades de negocio. Si hay una región que ha salido bien parada de la pandemia, ésta es Asia Pacífico, donde las empresas españolas están claramente infrarrepresentadas. Y también harían bien nuestras empresas en destinar esfuerzos a incrementar su presencia en el África subsahariana, que, si bien ha acusado en mayor medida la crisis del COVID-19, a medio y largo plazo está llamada a ser uno de los polos de desarrollo económico más importantes del mundo.

En definitiva, pensamos que, si las administraciones públicas y las empresas con actividad internacional hacemos las cosas bien, podemos sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento exportador tan prolongado y exitoso como el que vivimos entre 2010 y 2019. En aquel periodo, las exportaciones de bienes y servicios incrementaron extraordinariamente su peso en la economía española, pasando del 23% al 35% del PIB, un nivel sólo superado por Alemania entre las grandes economías de la Unión Europea.