A tenor de los datos que vamos recabando del sector exterior desde el comienzo del año, es previsible que las exportaciones mantengan su dinamismo en lo que resta de año. El primer cuatrimestre se saldó con un incremento de las ventas del 23,2%. No obstante, la fortaleza del dato no debe confundirnos a la hora de hacer un análisis certero sobre las verdaderas razones de este crecimiento, pues un 17% del mismo refleja el aumento de precios registrado y solo el 5% restante puede considerarse incremento real del volumen de ventas.

A pesar de todo, es posible que el esfuerzo de las empresas por mantener sus ventas en el exterior, y su habilidad para trasladar los aumentos de costes a sus precios de exportación, no sea suficiente para que el sector exterior siga aportando al crecimiento económico. La causa radica en que las importaciones están creciendo a mayor ritmo que las exportaciones. En solo dos años, hemos duplicado el déficit comercial respecto al primer cuatrimestre del 2019, pasando de unos 10.000 millones, aproximadamente, a los cerca de 21.000 millones actuales.

Que las empresas españolas, a pesar del actual contexto internacional, marcado por una extraordinaria incertidumbre, hayan podido seguir adelante con su actividad exportadora, logrando crecimientos netos positivos, denota su tesón por mantener su actividad contra viento y marea. Sin embargo, el panorama a corto y medio plazo está repleto de múltiples condicionantes de los que desconocemos su evolución, pues en buena medida dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos en Ucrania.

La guerra desatada por Rusia no ha hecho más que exacerbar unas tensiones que ya estaban latentes desde que se diera por “finalizada” la pandemia. Nos referimos a la espiral de precios al alza que afecta a toda la cadena de producción y distribución, afectando a energías, materias primas y productos finales.

Todo ello, está rebajando las tasas de crecimiento del comercio internacional y está lastrando también el PIB mundial, hasta el punto de que algunos institutos de análisis empiezan a hablar de una posible recesión global a la vista, que tendría además un efecto más devastador en aquellos países en desarrollo que no son productores de petróleo. La retirada del mercado de una parte muy importante del cereal que aportaba Ucrania (alrededor del 25%), obligará a estos países a tener que dedicar más recursos a la compra de alimentos, lo que forzará un aumento de su deuda externa, reducirá el consumo de otros productos y ralentizará la ejecución de proyectos (agua, energías renovables, infraestructuras de transportes), de los que nuestras empresas son importantes proveedores.

La salida a esta situación de incertidumbre que lastra nuestro crecimiento deberá pasar inevitablemente por corregir prioritariamente la inflación, en tanto que socava los márgenes empresariales y hace muy difícil la planificación de las inversiones. Además, en la medida en que constituye un “impuesto injusto” que penaliza a las personas más desfavorecidas, que solo pueden defenderse reduciendo su consumo, la posibilidad de contracción económica es una hipótesis bastante fundada.

Es cierto que, ante esta realidad, la capacidad de maniobra de los Gobiernos es limitada, lo que no significa que no pueda hacerse nada. En sus manos está favorecer políticas de rentas que no ceben aún más los precios con la llamada “inflación de segunda ronda”, que viene propiciada por la elevación de los salarios y las pensiones en igual o superior medida a los niveles de inflación.

Si acometemos esta tarea de forma prioritaria, el siguiente paso debería consistir en poner en marcha una amplia batería de reformas estructurales. Sobre su necesidad llevamos muchos años insistiendo, si bien vemos cómo, desgraciadamente, se postergan una y otra vez por parte de los distintos Gobiernos. Su implementación es necesaria para que nuestra estructura económica esté preparada para dar un salto adelante.

La fórmula, por llevar años insistiendo en ella, es suficientemente conocida. Urge que el Gobierno aborde la racionalización de las cuentas públicas. En un momento en que la política monetaria en el mundo empieza a virar hacia el alza de los tipos de interés, sin que el BCE sea una excepción, es necesario plantear un programa creíble de reducción de la deuda pública, que pase por racionalizar y reducir el gasto, acometiendo de una vez por todas una reforma del sistema de pensiones que cuente con el amplio consenso de los grupos políticos para que tenga vocación de permanencia y vea garantizada su sostenibilidad.

Asimismo, resulta necesario renunciar a toda forma de intervencionismo en los mercados para que estos funcionen con normalidad y no presenten barreras para los inversores. Sencillamente, sería recorrer el camino contrario al que se viene realizando, con ejemplos de injerencias en los mercados de arrendamientos inmobiliarios o de servicios sanitarios.

Tenemos también por delante la tarea de reducir la carga burocrática que pesa sobre los actores económicos, que incrementan las barreras de acceso a los mercados y el normal desarrollo de sus actividades. Sin duda, el escaso tamaño medio de nuestras empresas, en comparación con las de otros países de nuestro entorno, es consecuencia de este aspecto.

Y como clave de bóveda, edificar un sistema educativo a la altura de las necesidades de la sociedad del siglo XXI, que pueda satisfacer las demandas de talento de las empresas, y favorezca un incremento de los niveles de innovación y productividad en nuestro tejido empresarial. En definitiva, se trata de hacer reformas que mejoren la competitividad de nuestro país.