Los últimos siete años, con toda seguridad, constituyen el periodo más brillante en términos de balanza comercial cosechado por nuestro sector exterior en el último siglo. Para encontrar superávits similares en la balanza comercial, tanto en magnitud en relación con el PIB como en duración, deberíamos remontarnos a tiempos de la Primera Guerra Mundial, y aun así encontraríamos diferencias a favor del reciente ciclo. Además, debemos hacer notar que el saldo positivo de nuestras exportaciones ha sido precedido por un periodo prolongado de 25 años con déficit y se ha producido en una fase de crecimiento económico.

Si analizamos los elementos estructurales que han contribuido a este positivo comportamiento, debemos destacar la extraordinaria mejora de la capacidad exportadora de nuestras empresas. La estructura empresarial que sustenta las exportaciones españolas es ahora más estable y amplia que la de hace una década. Por ejemplo, el número de empresas exportadoras de bienes es hoy un 65,8% mayor, y el de empresas exportadoras regulares ha aumentado en un 39%. A ello, además, se suma una mayor diversidad de productos y una más amplia cartera de países de destino.

Este gran esfuerzo demostrado por las empresas españolas en materia de internacionalización ha venido favorecido por un proceso de devaluación interna que ha conllevado un aumento de la competitividad empresarial. Hay que recordar que, desde nuestra pertenencia al euro, ya no es posible el recurso a devaluaciones nominales de la moneda para mejorar el saldo de la balanza de bienes y servicios. En su defecto, para contrarrestar la crisis, se llevó a cabo un ajuste en términos de reducción de costes y precios relativos, que estuvo sustentado principalmente, aparte de por el efecto cíclico, por la reforma laboral aprobada en 2012.

Desde 2017, en cambio, el signo de nuestro sector exterior está variando. Asistimos a una gradual desaceleración de las exportaciones en España, que ha traído dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento de las ventas al exterior y del superávit por cuenta corriente. Esta moderación del flujo comercial exterior se explicaría por varios factores, algunos de ellos internos, como cierto agotamiento de la inercia cíclica asociada al principio de la recuperación, o el repunte de la demanda interna que se viene registrando en los últimos trimestres, que estaría captando parte de la producción que anteriormente se destinaba a exportaciones.

A ello se une, en el plano internacional, el rebrote del proteccionismo, especialmente afectado por la política comercial de Estados Unidos; un mayor grado de incertidumbre global, derivado de asuntos aún pendiente de resolución, como el brexit; o el cambio en el contexto geoestratégico, con el salto de China al primer plano mundial. Asimismo, se acusa un cierto agotamiento en el avance de las cadenas globales de valor, protagonistas del crecimiento del comercio internacional de principios de siglo, y se aprecia una transición hacia el comercio de servicios facilitado por el progreso tecnológico. De acuerdo con las previsiones de los organismos internacionales, el avance del comercio mundial podría estar por debajo del 3,0% en 2019 y sería algo superior en 2020.

Es evidente que ni las incertidumbres que pesan sobre nuestra economía —a lo que en nada favorece la ausencia de estabilidad política— ni la actual coyuntura internacional representan las mejores condiciones para favorecer nuestro sector exterior. Sin embargo, las lecciones aprendidas en el reciente ciclo virtuoso deberían inspirar la acción política de cara a mejorar la competitividad y la productividad de nuestras empresas. Esta es la premisa necesaria para volver a inyectar dinamismo a nuestro comercio internacional y alentar la presencia de nuestras empresas en nuevos mercados.

La geometría variable que impera en el globo, con la aparición de nuevos jugadores nacionales que se incorporan al tablero del comercio internacional y que vienen además a cubrir productos y materias de base en las cadenas de aprovisionamiento mundiales, debería constituir un revulsivo para que nuestras empresas, con el apoyo de nuestras Administraciones, apuesten por exportaciones de alto valor añadido, de más calidad, diseño, e innovación. El Gobierno debería seguir estableciendo como objetivo prioritario el desarrollo de políticas que pongan en su punto de mira el fomento de la actividad internacional de las empresas.

En relación con este punto, si convenimos que la expansión exterior de la actividad empresarial se ha sustentado en buena medida en un proceso de devaluación interna derivado de la reforma laboral de 2012, parece oportuno ser cautelosos en este momento del ciclo con las propuestas que propugnan su modificación. Su impacto podría ser negativo tanto para el saldo exterior de la economía española como para la competitividad de las empresas y el empleo, lo mismo que optar por seguir elevando la presión fiscal que soportan las empresas podría limitar la capacidad de crecimiento.

Los hechos muestran que las empresas españolas han sido capaces de ganar presencia internacional, y que esta contribución ha sido fundamental para superar la crisis. Por eso, no podemos retroceder en materia de internacionalización, como tampoco podemos permitirnos ser menos competitivos que los países de nuestro entorno.