En una economía de libre mercado, la viabilidad de una empresa radica en su capacidad competitiva, es decir, en su capacidad para ofrecer bienes y servicios en mejores condiciones que el resto, ya sea en términos de precio, innovación, diseño, marca, etc. De tal manera que unas compañías destacan y obtienen el favor de los clientes, mientras que otras se quedan rezagadas y terminan abocadas al cierre.

El grado más alto de competitividad empresarial se pone a prueba en los mercados internacionales. No todas las compañías están capacitadas para salir al exterior y medirse con rivales de cualquier procedencia. La internacionalización es una estrategia que requiere una gran preparación y perseverancia, pero no por ello debe considerarse un objetivo fuera del alcance de las pymes. Vivimos en un mundo globalizado, en el que las fronteras se han difuminado y existen amplios márgenes para el flujo internacional de mercancías, servicios y capitales. Así pues, del mismo modo que compañías extranjeras entran en nuestro país para vender sus bienes y servicios, las empresas españolas —con independencia de su tamaño y de su sector— deben contrarrestar en el exterior la competencia que los operadores foráneos ejercen dentro de nuestras fronteras.

Los empresarios españoles se han tomado en serio el reto de la internacionalización y España exporta hoy más que nunca. En concreto, el año pasado ingresamos por la exportación de bienes y servicios más de 550.000 millones de euros, una cifra récord que supone casi el 42% del producto interior bruto. En números redondos, España destina al exterior dos quintas partes de lo que produce, cuando quince años atrás exportaba apenas un 25%. En ese intervalo de tiempo se han sucedido varias crisis económicas de alcance mundial, algunas de las cuales han tenido un severo impacto en nuestro país, y sin embargo la demanda externa no ha dejado de tirar de la economía española. Atrás quedó la época en que los empresarios salían al exterior únicamente cuando la demanda interna se resentía. La actividad exportadora superó hace años ese patrón contracíclico y se ha consolidado como un elemento estructural del modelo productivo.

Cabe preguntarse hasta qué punto las políticas públicas contribuyen al éxito de las empresas españolas en el exterior, puesto que la capacidad de competir en los mercados internacionales no se reduce a factores internos de las propias compañías, sino que también pesan otros factores externos como el clima de negocios de un país o su estrategia de diplomacia económica. Las autoridades francesas consideran que la rivalidad entre empresas en el ámbito internacional se asemeja a un enfrentamiento bélico, y de ahí la creación en 1997 de la École de Guerre Économique con el fin de apoyar y proteger los intereses de las compañías francesas en el exterior. En la misma línea, otros países de nuestro entorno se han dotado de organizaciones similares en el entendimiento de que la defensa de las propias empresas debe constituir un eje principal de su acción exterior. Detrás de este planteamiento subyace la idea de que no hay empresas competitivas sin el respaldo de gobiernos y Estados competitivos.

España no puede quedarse atrás en esa “guerra económica” y debe ofrecer un marco regulatorio y un posicionamiento exterior atractivos para el tejido empresarial instalado en nuestro país, así como para los operadores extranjeros interesados en invertir aquí. De ello depende la generación de riqueza y empleo, que se traduce en un determinado nivel de recaudación tributaria y que revierte a la sociedad en forma de unos servicios públicos de calidad. En contra de lo que pueda parecer, esta no es una cuestión que admita controversias ideológicas. Si echamos la vista atrás, Bismarck esbozó un incipiente estado del bienestar en la Alemania del siglo XIX y, más tarde, Franco crearía en España la Seguridad Social. Es decir, con independencia del signo político del gobierno de turno, para sostener el gasto social no existe otra vía que impulsar la actividad del sector privado como fuente insustituible del crecimiento económico.

En ese sentido, el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, aprobado por amplia mayoría de sus accionistas, constituye una mala noticia para la economía española. No obstante, más allá de la polémica suscitada, conviene analizar el caso con un enfoque constructivo para identificar posibles áreas de mejora. Por ejemplo, en lo que afecta a la fiscalidad, el Parlamento aprobó en 2020 una reforma del impuesto de sociedades por la cual se limitó la exención del 100% en la repatriación de dividendos, de tal manera que las multinacionales españolas han de tributar ahora un 5% por los dividendos de las filiales extranjeras (ya gravados en sus respectivos países). Ello representa una clara desventaja frente a las compañías radicadas en otros territorios con un sistema fiscal más favorable.

Mencionábamos antes la diplomacia económica como otra vertiente de las políticas públicas que puede influir en la competitividad internacional de las empresas. Pues bien, en Iberoamérica, región en la que España acumula una inversión directa de 150.000 millones de euros, se echan en falta más iniciativas para neutralizar los mensajes difundidos por los movimientos populistas en contra de nuestro país y de su extraordinario legado histórico.

En el norte de África, el Ejecutivo ha logrado recomponer las relaciones diplomáticas con Marruecos, pero el cambio de postura en el contencioso del Sáhara occidental ha deteriorado los vínculos con Argelia, tradicionalmente nuestro primer suministrador de gas. El embajador en Madrid fue llamado a consultas hace ya un año y no hay visos de que regrese mientras no cambien las circunstancias políticas en España. Por otro lado, las autoridades argelinas han restringido el comercio bilateral, lo que ha supuesto un desplome de nuestras exportaciones de mercancías de casi el 50% en 2022. Además, nuestro país se ha visto obligado, en medio de la crisis energética más grave de las últimas décadas, a buscar proveedores alternativos de gas, como Estados Unidos o la Rusia de Vladímir Putin, que nos lo venden a un precio más elevado.

Pero el conflicto con Argel tiene una trascendencia mayor, porque España aspiraba a convertirse en la plataforma de distribución del gas argelino hacia Europa. La oportunidad se esfumó con el giro del Sáhara y es de subrayar la agilidad que ha demostrado el Gobierno italiano para aprovechar la coyuntura y postularse como el socio preferente de Argelia en el sur de Europa, todo ello fraguado en sucesivas visitas de los primeros ministros Mario Draghi y Giorgia Meloni al país magrebí.

Los viajes oficiales siguen siendo un instrumento de máxima utilidad para el impulso del sector exterior, y así se puso de manifiesto en la reciente visita de Sus Majestades los Reyes a Angola. Todos los empresarios de la expedición resaltaron la magnífica ayuda que supuso la participación de Don Felipe y Doña Letizia. En ese sentido, sería muy aconsejable potenciar las visitas bilaterales al más alto nivel con el fin de facilitar el acceso de las compañías españolas a los mercados internacionales, especialmente a aquellos donde tienen una presencia más limitada.

La sociedad española cuenta con un generoso estado del bienestar que no se sostiene con voluntarismos ideológicos, sino con un clima de negocios atractivo y con un cierto nivel de crecimiento económico, y hoy por hoy ese crecimiento depende en gran medida de la internacionalización de nuestras empresas. Estas generan riqueza, crean puestos de trabajo y asumen la carga fiscal que les corresponde para financiar, entre otras cosas, la sanidad, la educación o las pensiones. Con el mismo fervor con el que defienden las prestaciones públicas, nuestros gobernantes deberían enarbolar también la bandera de la competitividad empresarial, porque en verdad no se trata de discursos incompatibles, sino de caras distintas de la misma moneda.