Expansión publica una tribuna de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, y Antonio Merino, Técnico Comercial y Economista del Estado, en la que profundizan en el impacto que está teniendo la política europea de descarbonización sobre la competitividad de la industria europea.

Los autores analizan cómo instrumentos como el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), diseñados para reducir las emisiones de CO₂, están elevando los costes de producción en Europa y generando una pérdida de competitividad frente a economías con menores exigencias regulatorias. Asimismo, alertan sobre el riesgo de deslocalización industrial y defienden la necesidad de compatibilizar los objetivos climáticos con una política industrial que permita mantener la capacidad productiva, la inversión y el empleo en la Unión Europea.

Puede leer la tribuna a continuación:

«CUANDO UN 5% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL DECIDIÓ DESCARBONIZAR UN PLANETA ENTERO

Antonio Bonet. Presidente. Club de Exportadores e Inversores

Antonio Merino. Técnico Comercial y Economista del Estado

Los 27 países de la Unión representan menos del 5,4% de la población mundial y generan menos del 6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, ninguna otra región económica se ha impuesto una descarbonización comparable en intensidad regulatoria. Europa parece haber decidido asumir una parte desproporcionada del coste de la transición climática, sin preguntarse qué ocurrirá con su industria. El resto del mundo avanza a otro ritmo; China, Estados Unidos, India o Rusia mantienen estructuras energéticas que permiten a sus industrias competir con costes muy inferiores.

El Club de Exportadores ha publicado recientemente una nota técnica elaborada por Antonio Merino en la que se explica que la política europea de descarbonización está suponiendo una pérdida de competitividad de la industria europea puesto que ha encarecido el coste de la electricidad y además obliga a las empresas a pagar por las emisiones de CO2 que producen.

El viejo continente está cometiendo un error que puede pagar muy caro: parece olvidar que la descarbonización de su economía puede provocar una reducción de su propia capacidad industrial. Mientras las grandes potencias compiten por producir más barato, asegurar energía abundante y atraer inversiones, la Unión Europea ha construido una política climática que encarece progresivamente la producción dentro de sus fronteras. Si las empresas europeas pagan más por su energía, sus emisiones y sus insumos mientras su competidor no soporta costes equivalentes, pierden margen, cuota de mercado o producción. La descarbonización puede ser un objetivo legítimo, pero deja de ser una política inteligente cuando está provocando que producir en Europa sea sistemáticamente más caro que hacerlo fuera. Aunque esta política reduzca las emisiones generadas en la producción de bienes, no tiene que reducir el CO₂ consumido en Europa vía la importación de bienes que han generado más CO₂ en su producción en terceros países.

La puesta en marcha de la política europea de descarbonización empezó con el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS), que consiste en que para que una empresa pueda emitir CO₂ tiene que adquirir derechos de emisión. Al principio eran gratis, pero poco a poco han dejado de serlo, como por ejemplo para la producción de electricidad, y se ha creado un mercado donde los fabricantes tienen que comprar esos derechos. Hoy emitir una tonelada de CO₂ cuesta en torno a 80 euros, precio que se espera siga subiendo y que ya encarece cerca de un 10% la electricidad.

El automóvil representa a la perfección el problema: es de los sectores más castigados por la regulación europea y, a la vez, afronta una competencia creciente de China. Con el precio actual del carbono, los derechos de emisión pueden sumar varios cientos de euros por vehículo, un sobrecoste que en fabricantes con márgenes del 3% al 6% puede absorber buena parte del beneficio o provocar pérdidas. Volkswagen ha anunciado el cierre de varias de sus fábricas en Europa así como el despido de miles de trabajadores. No sorprende que Italia, Polonia o Rumanía hayan pedido revisar a fondo el sistema, ni que el canciller alemán haya reconocido que Alemania «debería estar muy abierta» a revisarlo.

Para tratar de evitar que muchas empresas deslocalizaran su producción fuera de la UE se creó el Carbon Border Adjustment Mechanism, que ha entrado en vigor en el 2026. El CBAM es un arancel que tienen que pagar ciertos productos, cuya producción es intensiva en energía y emiten mucho CO₂, como el acero, el aluminio, los fertilizantes o el cemento. El importe del CBAM sería equivalente al precio que pagan los productores europeos por la compra de ETS. Ahora bien, el CBAM no se aplica a buena parte de los productos que usan esos insumos. Europa, por ejemplo, protege al productor de aluminio, pero no al que lo utiliza para fabricar perfiles para ventanas, aunque estos tengan más valor añadido y generen más empleo. Si estos perfiles se fabrican fuera de la UE el fabricante compraría el aluminio más barato que el europeo porque no estará sujeto ni al ETS ni al CBAM.

Como señala la mencionada Nota Técnica el binomio ETS-CBAM genera inflación. Esto es muy evidente en sectores como el agroalimentario, puesto que los fertilizantes están sujetos al CBAM y si se fabrican dentro de la UE a la compra de muchos ETS.

El problema se agrava en las exportaciones a terceros mercados, donde los productores europeos asumen un coste del carbono que sus competidores no soportan, con la consiguiente pérdida de competitividad. Si se las eximiera de comprar derechos de emisión de carbono, podría considerarse como una subvención contraria a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

No se trata de abandonar la descarbonización, sino de hacerla compatible con una política industrial seria. Europa debe revisar el ritmo y el alcance del binomio ETS-CBAM mientras no exista convergencia internacional en costes energéticos y de emisión de carbono. Hay que evitar que el CO₂ se convierta en una desventaja estructural.

La demanda mundial de acero, aluminio, fertilizantes, productos químicos o automóviles no desaparece porque Europa produzca menos. Si esos bienes dejan de fabricarse aquí y pasan a regiones con energía más barata y menos exigencias ambientales, habremos trasladado la actividad económica, y potencialmente las emisiones, a otra parte del mundo.

Descarbonizar Europa no puede significar desindustrializarla. La verdadera prueba de la eficacia de la política climática de la UE debería ser que se reduzcan emisiones de CO₂ manteniendo su capacidad de producir, invertir y competir. Cerrar una fábrica europea para importar desde otro continente el mismo producto no es salvar el planeta: es, sencillamente, trasladar la producción y la contaminación a otro lugar.»