Charlando con Julián Conthe, Director General de Política Comercial y Seguridad Económica

26 junio 2026

Este artículo pertenece al nº50 de la revista electrónica: “Proyección exterior de la economía española”. Haz clic aquí para leer la revista electrónica completa.

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“La seguridad económica requiere una cooperación estrecha entre administraciones públicas y tejido empresarial”.

“La estrategia de España debe orientarse hacia un modelo de autonomía estratégica abierta, que combine apertura, resiliencia y seguridad económica”.

“La Secretaría de Estado de Comercio ha reforzado su capacidad de inteligencia económica a través de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para anticipar riesgos y oportunidades de las empresas españolas en un entorno cambiante”.

Julián Conthe, director general de Política Comercial y Seguridad Económica de la Secretaría de Estado de Comercio, habla en esta entrevista con nuestra revista electrónica de los riesgos geopolíticos y de seguridad que afronta la economía española, la estrategia de seguridad económica de España, el de-risking, el impacto de las tensiones comerciales internacionales, los efectos económicos de la guerra de Irán, etc.

• ¿Cuáles serían los principales riesgos geopolíticos y de seguridad que afronta la internacionalización de la economía española?

Los principales riesgos geopolíticos y de seguridad que afronta la internacionalización de la economía española están asociados a la creciente fragmentación de la economía mundial y al uso cada vez más frecuente de instrumentos económicos y comerciales con fines geopolíticos. Las tensiones arancelarias, las restricciones de acceso a mercados, los controles de exportación o las disrupciones en las cadenas de suministro generan un entorno más incierto y complejo para la actividad internacional de nuestras empresas.

Esta fragmentación del orden internacional es consecuencia en gran medida de las tensiones entre las principales potencias económicas, particularmente entre Estados Unidos y China, cuya rivalidad se extiende al ámbito comercial, tecnológico e industrial.

A ello se suma una sucesión de acontecimientos que han transformado profundamente el funcionamiento de la economía internacional durante los últimos años, como la pandemia del Covid19 o la guerra de agresión rusa contra Ucrania o más recientemente, el conflicto en Oriente Medio. Estos episodios han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales y la importancia de reforzar la resiliencia económica mediante una mayor diversificación de proveedores y mercados, así como una reducción de dependencias excesivas en sectores estratégicos. España, al igual que el conjunto de la Unión Europea, mantiene dependencias relevantes de terceros países en ámbitos como las materias primas críticas, los semiconductores o determinadas tecnologías estratégicas, lo que aumenta la exposición ante disrupciones en las cadenas de suministro y pone de relieve la necesidad de reforzar la resiliencia y la seguridad económica.

En este contexto, la política comercial desempeña un papel cada vez más relevante, no solo como instrumento para impulsar la internacionalización de las empresas españolas, sino también como herramienta para garantizar que esta se desarrolle en un entorno económico más seguro, resiliente y predecible.

• La seguridad económica ha adquirido una importancia clave en los últimos años. ¿Cuáles son las grandes líneas de la estrategia de seguridad económica que sigue España?

España comparte plenamente el enfoque europeo en materia de seguridad económica. La estrategia se articula en torno a tres grandes líneas de actuación: reforzar la competitividad y la resiliencia de nuestras economías; proteger frente a riesgos que puedan afectar a capacidades, tecnologías o infraestructuras estratégicas; y fortalecer la cooperación con socios fiables para diversificar mercados, cadenas de suministro y fuentes de aprovisionamiento.

España participa activamente en los trabajos que se están desarrollando a nivel europeo para avanzar en estos tres ámbitos, contribuyendo a la definición de una respuesta común que preserve la apertura económica de la Unión Europea al tiempo que reduce vulnerabilidades y dependencias excesivas. Este enfoque se está reflejando progresivamente en distintas políticas europeas y nacionales, incluyendo la política comercial, industrial, tecnológica y de innovación.

En este contexto, la colaboración con el sector privado resulta esencial, ya que son las empresas quienes disponen de un conocimiento directo de los mercados, las cadenas de suministro y los riesgos emergentes. La seguridad económica requiere, por tanto, una cooperación estrecha entre administraciones públicas y tejido empresarial.

• El de-risking es un concepto que ha adquirido una creciente relevancia, en el marco de la autonomía estratégica que propugna la UE. En su opinión, ¿qué estrategia de de-risking debe seguir España?

El enfoque de de-risking que debe seguir España se enmarca plenamente en la estrategia europea de seguridad económica, cuyo objetivo es reducir vulnerabilidades sin renunciar a la apertura comercial.

En este sentido, la estrategia no debe basarse en el desacoplamiento, sino en una gestión selectiva y proporcionada de los riesgos, orientada a identificar y mitigar dependencias críticas en sectores estratégicos, manteniendo al mismo tiempo unas relaciones económicas abiertas y basadas en reglas.

En la práctica, esto exige avanzar en varias líneas complementarias. En primer lugar, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, mediante la diversificación de proveedores, mercados y rutas comerciales, reduciendo dependencias excesivas en ámbitos  críticos como materias primas, energía y tecnologías estratégicas. Todo ello debe realizarse de forma coordinada en el marco de la Unión Europea, asegurando una utilización coherente de los instrumentos de seguridad económica y evitando respuestas fragmentadas que puedan debilitar el mercado interior o generar costes innecesarios.

Además, el enfoque de de-risking debe ser proactivo y basado en evidencia, combinando mecanismos de vigilancia, análisis y respuesta para anticipar vulnerabilidades y actuar de forma proporcionada. Ello requiere mantener un diálogo continuo con el sector privado, actor clave tanto en la detección de vulnerabilidades como en la implementación efectiva de las medidas adoptadas.

En definitiva, la estrategia de España debe orientarse hacia un modelo de autonomía estratégica abierta, que combine apertura, resiliencia y seguridad económica. Se trata de encontrar un equilibrio entre eficiencia y seguridad, minimizando riesgos sin caer en dinámicas proteccionistas que puedan resultar contraproducentes para la competitividad de la economía española.

• ¿Cómo valora la posición de España en la actual situación de tensiones comerciales a nivel internacional? ¿En qué medida la economía española se está viendo por estas tensiones?

España cuenta con una posición relativamente más favorable gracias a la diversificación geográfica de sus exportaciones, la solidez de su sector exterior, la apuesta por las energías renovables y la creciente internacionalización de sus empresas. Prueba de ello es que, en los primeros cuatro meses del 2026, las exportaciones españolas de mercancías han mantenido un buen ritmo de crecimiento.

Sin embargo, como economía abierta e integrada en las cadenas de valor europeas y globales, España no es ajena a los efectos derivados de las tensiones internacionales, que están generando disrupciones en las cadenas de suministro, aumento de costes y mayor incertidumbre para las empresas.

La economía española, al igual que la del conjunto de la Unión Europea, ha tenido que hacer frente durante los últimos años a una sucesión de perturbaciones externas, entre las que destacan la pandemia del Covid-19, la guerra de agresión rusa contra Ucrania, las tensiones entre las principales potencias económicas, las medidas arancelarias por parte del gobierno de EE. UU. y, ahora, la inestabilidad en Oriente Próximo.

No obstante, la economía española ha mantenido el pulso de crecimiento pese a estos shocks externos y España sigue liderando a las principales economías de la Unión Europea.

Respecto a la política arancelaria de la administración estadounidense, España se encuentra menos expuesta que economías de nuestro entorno, aunque hay sectores o empresas que pueden estar más expuestas por su dependencia al mercado estadounidense. No obstante, el principal efecto se está produciendo por la vía de la incertidumbre y de las disrupciones en las cadenas de valor globales.

Pese a ello, la relación transatlántica mantiene su carácter estratégico y las empresas españolas siguen considerando Estados Unidos un mercado clave. En este contexto, España reafirma su compromiso con la preservación y el fortalecimiento de dicha relación, subrayando la necesidad de avanzar en la implementación del acuerdo que la UE alcanzó con Estados Unidos para que ambas partes cumplan de forma equilibrada los compromisos adquiridos, con el fin de garantizar estabilidad, previsibilidad y condiciones justas para el comercio y la inversión.

Para proteger a las empresas españolas que se han visto afectadas por los aranceles estadounidenses y mantener la capacidad exportadora española, desde el Gobierno se puso en marcha de forma inmediata el “Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial” con el despliegue de una amplia variedad de instrumentos financieros y apoyo adaptado a cada situación.

Además, desde la Secretaría de Estado de Comercio, estamos reforzando la red de Oficinas Económicas y Comerciales en Estados Unidos con la apertura de tres nuevas oficinas en Boston, Houston y San Francisco, que se suman a los seis centros que ya operaban en este país. Y todo ello para acompañar a nuestras empresas a afrontar los actuales retos en este mercado, que puedan competir y seguir creciendo.

• ¿Cómo está afectando la guerra de Irán a la seguridad económica de España? ¿Qué medidas se han tomado para paliar los posibles efectos negativos?

El conflicto en Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz han generado presión sobre los precios energéticos y los costes logísticos, pero España parte de una posición relativamente sólida: la exposición directa es limitada y contamos con un sistema energético cada vez más diversificado, apoyado además en el liderazgo español en energías renovables.

No obstante, nos encontramos ante una de las principales arterias del comercio mundial: por el estrecho de Ormuz transita una parte muy significativa del comercio internacional de suministros estratégicos, como el petróleo o el gas natural licuado. Además, las perturbaciones en esta ruta afectan indirectamente a cadenas de suministro asiáticas de las que dependen numerosos sectores industriales europeos.

En cuanto a las medidas adoptadas, el Gobierno aprobó en marzo el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Próximo, mediante el Real Decreto-Ley 7/2026, con medidas destinadas a mitigar el impacto del aumento de los costes energéticos y de transporte sobre empresas y consumidores. Actualmente, el Gobierno está realizando una nueva ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto económico de la guerra de Irán y hacer seguimiento del funcionamiento de las medidas de este plan.

Más allá de las medidas coyunturales, esta crisis pone de relieve, como ya se ha señalado, la importancia de reforzar la resiliencia económica mediante la diversificación de proveedores, mercados y fuentes de suministro, así como de fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante perturbaciones externas.

• La Unión Europea ha iniciado un proceso de reforma del reglamento de 2019 sobre control (screening) de inversiones extranjeras. ¿Cuál es la posición de España en este proceso de reforma? ¿Cuándo se estima que entrará en vigor el nuevo sistema?

La adopción definitiva por el Consejo de la Unión Europea el 8 de junio de 2026 del nuevo Reglamento europeo de control de inversiones extranjeras es una buena noticia. Refuerza la capacidad de la Unión Europea para identificar y abordar riesgos para la seguridad y el orden público vinculados a determinadas inversiones extranjeras, pero lo hace manteniendo un principio que para España es esencial: la Unión Europea debe seguir siendo un espacio abierto, atractivo y predecible para la inversión internacional.

La principal novedad es que todos los Estados miembros deberán contar con mecanismos nacionales de control de inversiones, con un ámbito mínimo común centrado en sectores sensibles como los productos de doble uso, el material militar, las materias primas estratégicas, tecnologías críticas (desarrollo de inteligencia artificial, semiconductores y cuántica), la energía, el transporte, las infraestructuras digitales y los servicios financieros. Además, el nuevo marco cubre también inversiones extranjeras realizadas a través de filiales establecidas en la UE, lo que permite evitar posibles vías de elusión.

En cuanto a la entrada en vigor, dado que el Consejo dio su aprobación definitiva el 8 de junio de 2026 y la publicación oficial se producirá previsiblemente en las semanas siguientes, su entrada en vigor tendrá lugar aproximadamente durante el verano de 2026. No obstante, sus disposiciones serán aplicables 18 meses después de esa entrada en vigor.

Desde España estamos muy satisfechos con el texto final pues recoge en gran medida la postura que hemos defendido en las negociaciones: construir una red europea de mecanismos nacionales que proteja la seguridad y el orden público de la Unión y de sus Estados miembros, pero que al mismo tiempo ofrezca seguridad jurídica, proporcionalidad y procedimientos eficientes para los inversores. Es decir, no se trata de cerrar Europa a la inversión extranjera, sino de dotarnos de mejores herramientas para analizar operaciones especialmente sensibles.

En primer lugar, valoramos positivamente la armonización que se va a conseguir. La experiencia desde 2020 había mostrado que existían diferencias relevantes entre sistemas nacionales, tanto en alcance como en plazos y procedimientos, lo que podía generar incertidumbre para los inversores y riesgos para el mercado interior. El nuevo Reglamento prevé la obligatoriedad para todos los Estados Miembros de contar con un mecanismo de control de inversiones con unos mínimos armonizados en cuanto a alcance objetivo y sectorial, procedimientos y plazos.

En segundo lugar, para España era importante que el ámbito sectorial común se centrara en aquellos sectores con implicaciones intracomunitarias por su importancia e impacto supranacional. En ese sentido, se considera que el alcance mínimo acordado refleja adecuadamente este objetivo.

Por último, valoramos positivamente que el texto final haya logrado acotar mejor qué operaciones deben notificarse al mecanismo europeo de cooperación, para concentrar los recursos administrativos en las inversiones realmente relevantes.

El texto final supone un avance importante: refuerza una herramienta de seguridad tan importante como el control de inversiones mejora la coordinación entre Estados miembros y preserva la responsabilidad nacional en la decisión final sobre cada operación. En definitiva, es un instrumento necesario para una Europa abierta a la inversión, pero más consciente de sus vulnerabilidades estratégicas.

• ¿Considera conveniente que se tomen medidas para preservar el control nacional de ciertos sectores estratégicos? ¿Cuáles serían esos sectores?

En el actual contexto internacional, marcado por una mayor competencia geopolítica y por la aparición de vulnerabilidades en las cadenas de suministro, puede ser conveniente adoptar medidas que permitan preservar determinadas capacidades estratégicas a nivel nacional y europeo.

Ahora bien, el enfoque no debe ser tanto el de un “control nacional” en sentido restrictivo, sino el de reforzar la resiliencia y reducir dependencias críticas, manteniendo al mismo tiempo una economía abierta y basada en reglas. Precisamente, buena parte de las iniciativas que actualmente se están desarrollando a nivel europeo —desde el refuerzo del control de inversiones y una utilización más activa de los instrumentos de defensa comercial hasta nuevas iniciativas industriales como el Industrial Accelerator Act (IAA) o el nuevo mecanismo para el acero— responden a este objetivo: fortalecer capacidades estratégicas y reducir vulnerabilidades, sin renunciar a los beneficios de una economía abierta e integrada en el comercio internacional.

En cuanto a los sectores, la prioridad debe centrarse en aquellos donde confluyen tres elementos: una elevada dependencia exterior, una importancia crítica para el funcionamiento de la economía y una relevancia estratégica para la competitividad y el liderazgo tecnológico futuro. Destacarían en particular:

– Energía y materias primas críticas, fundamentales para garantizar la seguridad de suministro y el funcionamiento de numerosas cadenas de valor industriales.

– Tecnologías estratégicas y sectores industriales clave, como las industrias electro intensivas, la automoción o las tecnologías vinculadas a la transición verde y digital, esenciales para la competitividad y la autonomía industrial europea.

– Sector sanitario y farmacéutico, especialmente en lo relativo a medicamentos críticos y cadenas de suministro sensibles.

– Capacidades tecnológicas y activos intangibles estratégicos, incluyendo la I+D, la propiedad intelectual, los datos industriales, cuya protección resulta clave en un entorno de competencia global.

– Infraestructuras críticas, digitales y logísticas, imprescindibles para garantizar el funcionamiento de las cadenas de valor y la seguridad operativa.

• Numerosas empresas europeas consideran que la UE tiene una regulación excesiva en materia de operaciones comerciales internacionales que afecta negativamente a la competitividad exterior. Citan entre otras la Directiva de Diligencia Debida de Cadenas de Suministro (CSDDD) o el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). ¿Cuál es la posición de la S.E. de Comercio en este tema?

La Unión Europea ha desarrollado en los últimos años un marco regulatorio más exigente en ámbitos como la sostenibilidad, la seguridad económica o la gobernanza de las cadenas de suministro. Desde la Secretaría de Estado de Comercio entendemos que estos instrumentos responden a objetivos legítimos y necesarios y mantenemos que es necesario un equilibrio entre sus objetivos y el impacto que puedan tener en la competitividad de las empresas europeas.

Por esto, desde la Secretaría de Estado de Comercio defendemos que las obligaciones sobre los operadores deben ser verificables y sencillas de aplicar. Hemos apoyado, por ejemplo, la simplificación de normas que afectan a las obligaciones de debida diligencia para la aplicación del Reglamento de la UE contra la Deforestación, en el que se han introducido recientemente medidas para excluir a las pequeñas empresas. También trabajamos para que los diferentes instrumentos sean compatibles entre sí, se eviten duplicidades o incompatibilidades.

Por último, es importante aclarar que el CBAM es un mecanismo vinculado al sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) cuyo objetivo es igualar las condiciones de los productos europeos e importados en el mercado de la UE respecto a las emisiones de CO2. No puede entenderse como requisito adicional en frontera, sino como una herramienta para garantizar condiciones de competencia equitativas que preserve un adecuado equilibrio entre los intereses de los productores y los consumidores europeos de productos sujetos al CBAM.

• ¿Qué papel desempeña la diplomacia económica en la política de internacionalización? ¿Cuáles son en su opinión sus instrumentos más relevantes? ¿Cómo puede mejorarse la eficacia de nuestra diplomacia económica?

La diplomacia económica desempeña un papel esencial en la política de internacionalización. En un contexto de creciente competencia geopolítica y fragmentación de los mercados, ya no se trata únicamente de facilitar el acceso de nuestras empresas a nuevos mercados, sino de proteger y proyectar los intereses económicos estratégicos de España y de la Unión Europea.

Reforzar una diplomacia económica activa es clave para adaptarnos a un entorno en el que las decisiones de los gobiernos están cada vez más condicionadas por consideraciones de seguridad económica y de política industrial. Ello exige una mayor capacidad de diálogo, análisis y anticipación para comprender las prioridades de nuestros socios y competidores y promover eficazmente los intereses económicos españoles en el exterior.

Con este objetivo, la Secretaría de Estado de Comercio trabaja por reforzar la inteligencia económica, aprovechando mejor la Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para anticipar riesgos y oportunidades de las empresas españolas en un entorno cambiante. Para ello mantenemos un diálogo estructurado con el sector privado, generando “inteligencia colectiva” que permita orientar mejor la acción exterior con un enfoque más proactivo y anticipatorio, frente a un entorno internacional volátil, donde es clave identificar vulnerabilidades y actuar antes de que se materialicen; reforzando al mismo tiempo alianzas estratégicas mediante el diálogo con socios estratégicos.

La Secretaría de Estado de Comercio pone a disposición de las empresas un amplio abanico de instrumentos financieros y de diplomacia comercial que buscan apoyar su internacionalización para: alcanzar nuevos mercados, consolidarse en mercados en los que ya tengan cierta presencia e impulsarles cuando se trata de su primera incursión en el exterior. Sin duda, todos ellos resultan particularmente interesantes cuando se trata de mercados más complejos.

Las empresas disponen de instrumentos financieros como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que facilita financiación para proyectos españoles en el exterior y exportaciones; los seguros y garantías de CESCE, que protegen frente a riesgos comerciales para que puedan operar en el exterior con mayor seguridad; y el apoyo financiero de COFIDES para facilitar la internacionalización de las empresas españolas.

Asimismo, desde ICEX se ofrece a las empresas la oportunidad de que conozcan de primera mano las soluciones indicadas para sus propias realidades (tamaño, experiencia internacional, sector, capacidad financiera y mercados objetivo), ofreciéndoles asesoramiento personalizado sobre qué solución (o combinación de instrumentos comerciales, financieros y de apoyo institucional) es la más adecuada para su proyecto o problema de financiación en la internacionalización. De esta manera pueden aprovechar mejor las ventajas de los instrumentos minimizando los costes y tiempos de búsqueda a su respuesta. Por otro lado, desde el punto de vista de la promoción, ICEX organiza la participación en ferias internacionales, misiones comerciales, encuentros empresariales, programas sectoriales; realiza estudios de mercado o servicios personalizados de búsqueda de socios y distribuidores. Pero no solo acciones comerciales directas, también potenciando el talento humano de la internacionalización española, por ejemplo, a partir del programa de becas ICEX y el programa ICEX Vives.

Entrevista exclusiva para el Club de Exportadores.