Madrid, 13 de agosto – El Club de Exportadores e Inversores ha publicado una Nota Técnica elaborada por Silvia Iranzo, consejera independiente y ex secretaria de Estado de Comercio, en la que analiza el impacto de las nuevas directivas europeas sobre sostenibilidad empresarial en el posicionamiento internacional de las empresas españolas.

El informe se centra en las exigencias derivadas de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), dos normas clave de la Unión Europea orientadas a reforzar la transparencia y el compromiso de las empresas con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Ninguna de estas dos directivas ha sido aún transpuesta al ordenamiento jurídico español.  La nueva CSRD de la UE multiplica por diez el número de indicadores que deben reportarse, superando el millar, lo que obliga a las empresas a detallar políticas, riesgos, impactos y avances en sostenibilidad. La CSDDD, por su parte, introduce la obligación de aplicar procesos de diligencia debida en derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda la cadena de valor; es decir a los proveedores directos y a los de éstos, independientemente de su localización geográfica.

Un coste elevado y una implementación incierta

Según la autora, el cumplimiento riguroso de estas obligaciones podría suponer un coste medio anual de 1,2 millones de euros por empresa obligada. A ello se suman costes indirectos, como la posible pérdida de clientes y proveedores, la deslocalización de operaciones y un menor atractivo para la inversión extranjera directa, debido a una normativa considerada más exigente que la de otras regiones del mundo.

Consciente de este escenario, la Comisión Europea ha propuesto en 2025 el denominado “Paquete Ómnibus I”, que incluye la directiva “Stop-the-Clock” para retrasar la aplicación de ambas normativas (un año en el caso de la CSDDD y dos años para la CSRD), así como propuestas de simplificación que buscan reducir en un 25 % la carga administrativa para las empresas, y en un 35 % para las pymes.

Sin embargo, el ahorro estimado para las empresas apenas representa un 10 % del coste inicial, lo que deja sin resolver el impacto real sobre su capacidad competitiva, especialmente en las empresas de menor tamaño. En palabras de Iranzo, “el ahorro de costes empresariales por la entrada en vigor del paquete Ómnibus no es sustancial para las empresas de tamaño mediano, que son más vulnerables que las grandes en los mercados exteriores”.

Llamamiento a la simplificación real

El Club de Exportadores considera que, si bien el objetivo de las directivas europeas es loable, su aplicación práctica debe ser más realista y proporcionada. Por ello, insta a la UE y a los Estados miembros a profundizar en las medidas de simplificación y a adaptar la regulación ESG a las capacidades reales de las empresas, sin comprometer la sostenibilidad ni la competitividad internacional del tejido empresarial europeo.