Madrid, 20 de febrero.-El Club de Exportadores e Inversores considera que la Directiva de la UE sobre Diligencia Debida en materia de sostenibilidad, que fue aprobada en 2024 por el Parlamento Europeo y que impone obligaciones a las empresas para garantizar el cumplimiento de derechos humanos y normas medioambientales en toda su cadena de valor, afectará negativamente a las empresas españolas con actividad internacional.

Tal y como ha expresado el presidente, Antonio Bonet, “el Club reitera su compromiso con la sostenibilidad y con el respeto a los derechos humanos, pero consideramos imprescindible que las normativas sean equilibradas y no generen desventajas estructurales para las empresas europeas en el mercado global”.

En este sentido, según se señala en el position paper del Club de Exportadores, esta directiva supondrá un aumento de costes, pues la exigencia de realizar procedimientos de diligencia debida en toda la cadena de suministro implica elevados costes operativos. Además, las empresas estarán expuestas a sanciones elevadas y a responsabilidades civiles.

Asimismo, supondrá una desventaja competitiva para las empresas europeas, ya que, mientras ellas deberán asumir estos costes adicionales, sus competidores de terceros países como EE.UU., Japón o China no estarán sujetos a las mismas obligaciones.

Por otro lado, existe el riesgo de posibles represalias comerciales, ya que los países afectados por estas restricciones podrían tomar medidas en contra de la UE, lo que afectaría a nuestras exportaciones e inversiones en esos países. Además, la aplicación de esta normativa podría tener efectos negativos en los países en desarrollo, ya que muchas empresas europeas podrían dejar de aprovisionarse en economías emergentes, afectando su crecimiento económico y social.

Por último, la distorsión del Mercado Único es otra preocupación, ya que la falta de homogeneidad en la transposición de la Directiva entre los Estados miembros podría generar desequilibrios y afectar la competitividad dentro de la propia Unión Europea.

En este sentido, “el Club de Exportadores e Inversores defiende la necesidad de una revisión de la Directiva para evitar cargas económicas y burocráticas desproporcionadas que limiten la competitividad de las empresas europeas”, ha explicado Bonet.

Las pymes, las más afectadas

Aunque la Directiva se dirige principalmente a grandes empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, su impacto indirecto sobre las pymes será significativo. Las empresas obligadas al cumplimiento de la norma deberán exigir a sus proveedores, y a los proveedores de estos independientemente de su país de origen, incluidos pequeños negocios, que implementen procedimientos de diligencia debida similares, lo que supondrá que muchas pymes se enfrenten a una complejidad operativa y unos costes que podrían dificultar su acceso a mercados internacionales, limitando su competitividad y capacidad de crecimiento.

“El Club apoya la propuesta del gobierno francés de suspender la aplicación de la Directiva y solicita a las autoridades españolas que respalden esta iniciativa. Asimismo, proponemos reforzar el diálogo entre la Administración y las empresas internacionalizadas para garantizar que la regulación europea no obstaculice su desarrollo y competitividad”.