La estrategia de seguridad nacional de un país implica velar por la seguridad territorial y económica y, dentro de ésta, por la seguridad empresarial. No en vano, que la economía y sus empresas vayan bien supone empleo para sus ciudadanos y unos servicios públicos de calidad. Sin embargo, la consecución de estos objetivos en muchos países desarrollados no se deja solo al albur de las fuerzas que mueven el mercado, sino que cuentan con un Sistema de Inteligencia Económica (SIE) entre cuyas competencias figura la obtención de información, su análisis y difusión para la toma de decisiones con un enfoque económico. De ese modo, se potencia la competitividad, la influencia y la protección de los recursos tangibles e intangibles con que cuentan los países.

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, aún no se ha dado el paso de crear un SIE, como de hecho lo lleva reclamando el Club de Exportadores e Inversores desde 2009, con ocasión de las sucesivas Cumbres de Internacionalización que se han celebrado. En su lugar, las funciones del SIE son realizadas de forma desagregada —y con insuficientes recursos— por distintos organismos mayoritariamente públicos.

Lo que en la actualidad se plantea por el propio Club y otras instituciones comprometidas con el desarrollo económico y empresarial es la formalización de esta capacidad de inteligencia en un único organismo. Es el modelo adoptado, por ejemplo, por Francia, Suecia, Japón, Corea del Sur o Canadá, en el que se integra el sector público y el empresarial con el ámbito de la investigación y la docencia universitarias. En estos países, los SIE reportan a los altos estamentos del poder ejecutivo y cuentan con independencia y capacidad de coordinación con otros organismos, estando adscritos en ocasiones a un determinado Ministerio.

En el caso de España, la actuación del SIE debería estar encuadrada, a nuestro juicio, en el marco de las alianzas, tratados y acuerdos internacionales de los que España sea partícipe, y en especial de los suscritos con aquellos países con los que nos une una relación histórica y los intereses empresariales son más relevantes. Además, su organización podría estructurarse territorialmente (España, Unión Europea y resto del mundo) con el fin de que el apoyo prestado no suponga una discriminación a ninguna otra empresa ni afecte a la libre competencia en el mercado europeo.

En relación con la operativa y el tratamiento de la información, su realización bajo los procedimientos del CNI, dada su experiencia en la obtención, análisis y difusión de la información confidencial, supondría una notable garantía de éxito, lo mismo que contar con un personal multidisciplinar conformado por analistas de inteligencia y economistas con décadas de experiencia empresarial. De este modo se combinaría la gestión de la información con el conocimiento de la ciencia económica-empresarial.

Este hipotético como necesario SIE español debería disponer, a nuestro entender, de un comité conformado por los principales grupos de interés afectados, entre los que se contarían todos los departamentos ministeriales cuyas competencias tengan que ver con seguridad, economía o empresa, así como aquellas asociaciones e instituciones de apoyo a las empresas, los sindicatos, las asociaciones de españoles en el extranjero, las universidades y los centros de investigación. Su función sería analizar las prioridades de las solicitudes recibidas, en función de su peso en la seguridad económica, y proceder a formular las correspondientes respuestas.

Con este modelo, cualquier empresa española que tuviese una necesidad de inteligencia, pero no pudiera afrontarla con sus recursos, podría recurrir al SIE para canalizar su preocupación y obtener de éste un análisis válido para su sector en concreto, y también para la reputación del país y sus intereses estratégicos. En este caso se articularían los mecanismos, dentro del margen de la ley, para proporcionar información, orientación y protección necesarios a las empresas. Asimismo, el SIE derivaría hacia otras instituciones miembros las necesidades de investigación. Para ello, aprovecharía los recursos de las universidades y centros de investigación de un modo reactivo o proactivo, indicando a la empresa nuevos desarrollos y asesorándola sobre mercados extranjeros o cuestiones políticas relacionadas con ellos.

En definitiva, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo como el que caracteriza al fenómeno de la globalización, la creación de un SIE ayudaría a muchas empresas en sus estrategias de desarrollo y crecimiento, ya sea dentro como fuera de España, y contribuiría reforzar la competitividad y pujanza de la economía española frente al exterior. Su creación, de hecho, supondría alentar y favorecer muchas de las acciones que se llevan realizando desde hace años de forma dispersa, y con recursos exiguos, para el cumplimiento de la Estrategia Española de Seguridad.