Integridad y transparencia en emergentes
Antonio Bonet (presidente del Club)
El Economista
12 de enero de de 2019
Para cualquier empresa con actividad internacional, como ocurre con muchas firmas españolas, presentarse a licitaciones internacionales supone una actividad frecuente en la que, además de la capacidad competitiva de los propios licitadores, se pone a prueba el rigor, la transparencia y la equidad de las instituciones contratantes. El asunto no es menor, pues de la limpieza de los procesos de licitación depende que todas las empresas concurran en igualdad de condiciones. Y en la misma línea, parece lógico pensar que cualquier institución que gestione fondos propios o ajenos debería estar en disposición de rendir cuentas de sus actos con absoluta transparencia.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. Los últimos datos del Fondo Monetario Internacional nos indican que el coste de la corrupción se eleva hasta el 2 por ciento del PIB mundial, lo que supone alrededor de dos billones de dólares. Incluso en muchos países que consideramos desarrollados, donde existen administraciones altamente profesionalizadas y sometidas al escrutinio y contrapeso del resto de poderes, asistimos periódicamente a casos de esta índole, si bien el fenómeno adquiere rasgos endémicos en muchos países en desarrollo, donde la existencia de unos Estados débiles es un claro obstáculo para la transparencia y la integridad.
Iniciativas a escala global, como la que representa el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que ya se han adherido 170 países, aspiran entre otros objetivos a erradicar la corrupción mediante la adopción de prácticas transparentes en los ámbitos de las administraciones y de las empresas. Pero, a pesar de los avances logrados hasta la fecha, todavía es extensa la geografía mundial que podría calificarse de sensible a los efectos que comentamos y donde la actividad empresarial se convierte en una experiencia de riesgo.
Ocurre, por ejemplo, en buena parte de África, donde una deficiente y frágil gobernanza de las instituciones públicas y, en muchos casos, la ausencia de lo que conocemos como el imperio de la ley está privando a determinados países de oportunidades económicas y posibilidades de desarrollo humano. Y también ocurre en buena parte de Latinoamérica, donde casos de corrupción como el de Odebrecht están paralizando en buena medida inversiones en infraestructuras que tan necesarias son para su desarrollo económico.
La solución a este tipo de problemas no es fácil, partiendo de la base de que la legislación de los países no aclara explícitamente lo que se entiende por «soborno», lo que impide que este concepto se interprete de forma unívoca en todos los lugares del mundo. Todo ello sin contar con que muchas administraciones públicas carecen de legislación nacional relativa a la acreditación de buenas prácticas empresariales.
Iniciativas como la ya citada del Pacto Mundial, al igual que la labor que realizan las instituciones multilaterales, están contribuyendo de forma eficaz a mejorar la transparencia y el buen gobierno en los ámbitos público y privado. La OCDE fue pionera al aprobar en el año 1997 el “Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales”. Por el momento, 44 países han ratificado el acuerdo. En este contexto, es paradigmático el ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que invierte en Latinoamérica anualmente entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Este organismo dispone de tecnologías que aportan transparencia a los procesos de licitación y compras públicas, al tiempo que elabora listas negras de empresas que llevan a cabo malas prácticas, a las que veta o limita en sus contrataciones.
De igual modo, y en lo que respecta tanto al ámbito institucional como empresarial, esquemas de certificación basados en normas ISO, sin ser obligatorias, ofrecen también un plus de transparencia y constituyen un valor añadido a la hora de acceder a procesos de licitación y compras públicas. Por ejemplo, en algunos países como Perú, la certificación ISO 37001 (Sistema de Gestión Anti-Soborno) es necesaria para poder acceder a determinadas licitaciones.
En definitiva, es importante tener en cuenta que en todos los mercados pueden darse casos de corrupción, y que ello forma parte de los riesgos que deben afrontar las empresas en su negocio internacional. Sin embargo, este fenómeno no debería desanimar a las empresas a invertir en ciertos mercados. Si tienen voluntad de inversión responsable e incorporan a su gestión esquemas de compliance, el resultado es que se mitigan los riesgos y se logran efectos muy positivos a largo plazo, sin contar con el efecto inductor o de arrastre que tienen las buenas prácticas de las empresas en su entorno de negocio nacional e internacional.