Despejada la incógnita de las elecciones, con un mapa político que obliga a la búsqueda de consensos, es la hora de la responsabilidad para rebajar intereses partidistas y priorizar aquellos asuntos que inciden más directamente en el bienestar de las personas. Y entre ellos la economía y el empleo ocupan un lugar preeminente.

La internacionalización de la economía española ha sido el principal factor que ha contribuido al crecimiento que hemos tenido estos últimos años. Además, las empresas internacionalizadas generan empleo de más calidad: estable, mejor remunerado, con más inversión en capacitación. Después de años de parálisis reformista, y agotado el estímulo derivado de la devaluación interna iniciada en 2012, necesitamos imprimir un nuevo impulso a la competitividad internacional de nuestras empresas.

Las exportaciones de bienes y servicios siguen en cifras récord, pero llevamos siete trimestres consecutivos sumidos en un proceso de desaceleración. Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio cifran el crecimiento de nuestras exportaciones de mercancías en un 1,6% de enero a septiembre. Esto significa que estamos perdiendo cuota de mercado a nivel mundial; hay países de nuestro entorno cuyas exportaciones están creciendo más que las españolas. Es el caso de Francia, cuyas ventas al exterior en los nueve primeros meses del año avanzan un 4,1%, o de Italia (+2,5%) e incluso del conjunto de la zona euro (+2,2%).

El panorama macroeconómico que pintan los análisis nos muestra una economía en franca desaceleración, con una previsión de crecimiento inferior al 2% para este mismo año y una perspectiva más modesta de cara al próximo. Las consecuencias se advierten ya en una menor generación de empleo y una sensible pérdida de confianza de los ciudadanos, que ha comenzado a reflejarse en el consumo interno.

A España no le queda otra vía que apostar, todavía más, por los mercados internacionales. Para ello, es esencial que se lleven a cabo reformas estructurales que mejoren la competitividad de nuestras empresas, como por ejemplo que aumente el tamaño medio de las pymes o que se modifique el sistema educativo orientándolo a las nuevas competencias que necesitan las empresas, muchas de ellas relacionadas con la revolución digital. Desde el Club de Exportadores creemos que no deben introducirse reformas fiscales lesivas para los intereses empresariales y, por supuesto, no se debe dar marcha atrás a la reforma laboral que tan buenos resultados nos ha dado.

Se trataría de repetir, esta vez mediante reformas de calado, y no vía devaluación de precios y salarios, el periodo de éxito que ha vivido nuestro sector exterior en los últimos años. Entre 2010 y 2018, España incrementó en un 71% sus exportaciones de bienes y servicios y vio aumentar el peso de la demanda externa hasta el 35% del PIB.

El impulso del sector exterior en una coyuntura internacional tan compleja amerita que sea una “política de Estado” donde participen activamente todos los ministerios con competencias reguladoras en materia económica e internacional. Es especialmente relevante que la política de internacionalización sea estable a medio plazo y que esté al margen de ideologías políticas.

Es cierto que se ha avanzado en esta materia. Prueba de ello es la “Estrategia de Internacionalización 2017-2027” que aprobó el último Gobierno del Partido Popular y que ha continuado el Gobierno del Partido Socialista elaborando el Plan Bienal 2019-2020, que se enmarca en dicha estrategia. Pero no se ha avanzado lo suficiente. Además de las ya mencionadas reformas estructurales encaminadas a aumentar nuestra competitividad internacional, hay que mejorar los instrumentos de apoyo a la exportación para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos. Específicamente:

• Aumentar la base exportadora, actualmente concentrada en un número muy reducido de empresas. En 2018, sólo 120 compañías (el 0,06% del total) exportaron mercancías por valor superior a los 250 millones de euros. Por otro lado, es significativo que tan sólo 52.000 empresas en España exporten mercancías de forma regular (durante al menos cuatro años de forma consecutiva).
• Ampliar la diversificación geográfica de nuestras ventas al exterior. La Unión Europea sigue siendo el destino del 66% de nuestras exportaciones de mercancías. En cambio, Estados Unidos, China y Japón, que representan el 28% de la importación mundial, solo absorben el 7,5% de nuestras ventas.
• Dotar de mayor valor añadido a nuestra oferta exportadora. No podemos seguir manteniendo nuestra competitividad por la vía de los precios. Es preciso poner énfasis en otros factores como la tecnología, la innovación o la marca.
• Aumentar la inversión española en el exterior, especialmente en aquellas regiones del mundo que presentan mayor dinamismo económico y mejores proyecciones de crecimiento. A este respecto, hay que recordar que la UE y América Latina concentran el 71% de la IED española, mientras que Asia y África (que son las regiones que más crecen) representan menos del 2% de esa cifra.
• Mejorar la eficiencia de los instrumentos públicos de promoción e información y aumentar la dotación presupuestaria del ICEX.
• Simplificar la gestión de los instrumentos de naturaleza financiera —Cesce, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), el Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)— y especialmente facilitar que se asuman más riesgos en países emergentes, tal y como están haciendo nuestros competidores europeos. Una medida en esta dirección sería derogar la obsoleta Ley de Deuda Externa de 2006.
• Reforzar y ampliar la acción de la diplomacia comercial española en el mundo, tanto a nivel de Embajadas y Oficinas Comerciales en el exterior como de viajes de Estado con contenido económico-empresarial.

En suma, necesitamos, por una parte, consensos políticos para llevar a cabo reformas estructurales y, además, mejorar la eficacia de los instrumentos específicos de apoyo a la internacionalización. La experiencia reciente nos muestra que tener un marco regulatorio y un entorno de negocio favorables a la internacionalización constituye la mejor base para impulsar el crecimiento de nuestra economía y multiplicar las oportunidades de empleo.