La internacionalización ante 2025: entre el efecto Trump y las incertidumbres de la UE

Por Enrique Fanjul, Socio de Iberglobal y miembro del Comité de Reflexión del Club de Exportadores e Inversores.

29 de enero 2025 /

Descarga el artículo en PDF

¿Qué podemos esperar de 2025 en lo que se refiere a la internacionalización de la economía española? Dos condicionantes clave son sin duda los efectos de las políticas que adopte Estados Unidos bajo la presidencia Trump y las incertidumbres políticas y económicas que afronta la Unión Europea. Para la UE, 2025 debe ser un año decisivo para adoptar medidas que le permitan superar los obstáculos que lastran su competitividad.

El efecto Trump

En el momento actual, el condicionante internacional más determinante de todos está marcado por la incertidumbre: Trump ha demostrado que es impredecible, y que no tiene excesivo respeto por las normas internacionales.

Los efectos de su presidencia difícilmente serán favorables para las relaciones económicas internacionales. Trump se ha mostrado abiertamente en contra del orden internacional de las últimas décadas, caracterizado por el multilateralismo, las políticas encaminadas a favorecer la liberalización comercial y las inversiones, la OTAN como núcleo de seguridad del mundo occidental, la alianza de Estados Unidos con las democracias occidentales, etc.

Las actuaciones de Trump en sus primeros días de mandato no son ciertamente alentadoras: retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del acuerdo de París, amenazas de aranceles a diversos países, declaraciones reclamando el Canal de Panamá y Groenlandia (ignorando leyes internacionales básicas), entre otras actuaciones.

Desde el punto de vista comercial, la principal incertidumbre es la posible imposición de aranceles a los productos de la Unión Europea, y el consiguiente desencadenamiento de una guerra comercial, que obviamente tendría un impacto directo sobre España, que en enero-noviembre de 2024 ha exportado a Estados Unidos por valor de 16.607 millones de euros (y ha importado por un valor bastante superior: 26.088 millones, un dato significativo en relación con una guerra comercial).

España y la Unión Europea podrían verse afectadas también por otras guerras comerciales. Trump ha amenazado con aumentar los aranceles sobre los productos chinos. Una guerra comercial Estados Unidos-China lleva aparejado el riesgo de una mayor “invasión” en los países europeos de productos de empresas chinas, deseosas de encontrar mercados, apoyada además en la desaceleración de la economía china, que ya tiene excesos de capacidad en numerosos sectores.

Finalmente, puede haber también efectos indirectos pero apreciables derivados de la evolución macroeconómica de Estados Unidos. Trump ha anunciado bajadas de impuestos, que pueden llevar a un aumento del déficit fiscal. Unido a los aumentos de aranceles, ello podría agravar las tensiones inflacionistas en Estados Unidos, lo que a su vez podría acarrear aumentos de los tipos de interés y desaceleración económica, que se extendería internacionalmente.

Desde un punto de vista más estrictamente bilateral, en las últimas semanas se está proyectando una imagen del presidente del Gobierno español como un “líder” en la escena internacional frente a las políticas de Trump, una imagen reforzada por sus declaraciones como las realizadas contra el poder de la “tecnocasta” y de las tecnológicas, lo cual puede perjudicar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Incertidumbres en la UE en un año clave

La Unión Europea afronta un año de incertidumbres y dificultades. La situación política se ha complicado en Francia y Alemania. Como consecuencia se ha resentido el eje franco-alemán, que ha sido tradicionalmente el motor de la UE.

El ascenso de los populismos es un nuevo factor condicionante que puede alterar seriamente el panorama político.

Las perspectivas económicas de la UE ofrecen incertidumbres, con la mayor economía europea, Alemania (que es el principal mercado de exportación de los productos españoles), que lucha por salir de una situación de recesión. Para el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento en 2025 del Fondo Monetario International es de un débil 1,4%.

La UE absorbe el grueso de las exportaciones españolas: un 62,1% en concreto en enero-noviembre de 2024; Europa en su conjunto (incluyendo por tanto un destino relevante como es Reino Unido) absorbe un 74%.

La debilidad de las economías europeas es uno de los principales factores que explican la desaceleración de la exportación española: caída de un -1,4% en 2023 y crecimiento nulo en enero-noviembre de 2024. Dadas las previsiones de las economías europeas para 2025, no cabe ser, en principio, muy optimista sobre la evolución de las exportaciones.

2025 se presenta además como un año decisivo en lo que se refiere a reformas económicas a medio y largo plazo en la UE. Los informes de Letta y Draghi han puesto de relieve las trabas a la competitividad que existen en los mercados europeos. La presidenta de la Unión Europea ha anunciado recientemente la adopción de medidas para aligerar el marco regulatorio europeo, que en opinión de amplios sectores empresariales es un obstáculo para la competitividad.

Von der Leyen en Davos 2025: “Demasiados de nuestros mejores talentos se marchan de la UE porque es más fácil conseguir que sus empresas prosperen en otros lugares. Y demasiadas empresas postergan las inversiones en Europa debido a la burocracia innecesaria”.

A corto plazo tendremos ocasión de ver en qué medida estas declaraciones de von der Leyen y otros dirigentes se traducen en medidas prácticas. Se ha anunciado, por ejemplo, la próxima adopción de un denominado omnibus package, sobre cuyo contenido se sabe poco en los momentos actuales, pero cuyo objetivo sería simplificar los requerimientos de varias normas comunitarias aprobadas en los últimos tiempos: la directiva sobre sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, la directiva sobre presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y el reglamento de taxonomía.

Estas normas han generado una amplia oposición entre los sectores empresariales, que critican los costes y la carga burocrática que su implementación va a suponer, y consideran que han sido elaboradas con una insuficiente comprensión de los condicionantes con los que se opera en los mercados internacionales (sobre estas normas puede verse el artículo que publiqué el año pasado en esta revista electrónica, Nuevas (y polémicas) iniciativas de la UE en temas de derechos humanos y sostenibilidad en la actividad internacional de las empresas).

Las críticas han empezado a ser asumidas por varios gobiernos europeos, como el francés y el alemán. El pasado 20 de enero, por ejemplo, se dio a conocer un documento del gobierno francés en el que se pide explícitamente el aplazamiento sine die de la directiva sobre diligencia debida, así como un retraso de dos años en la entrada en vigor de la directiva sobre presentación de información (además de una serie de modificaciones para aligerar la carga económica y burocrática de esta directiva).