Casi ocho de cada diez empresas exportadoras, el 77,4%, aseguran que la crisis provocada por el COVID-19 está impactando a corto plazo de forma bastante negativa o muy negativa en su actividad internacional, y señalan como principales problemas las restricciones de movilidad que han impuesto los países (este factor recibe una puntuación de 3,64 sobre cuatro puntos posibles) y, en segundo lugar, la caída de la demanda exterior derivada de la recesión económica (3,03 puntos).

Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden de una encuesta realizada por el Club de Exportadores e Inversores Españoles entre su base asociativa, formada por empresas de todos los sectores productivos con una facturación conjunta equivalente al 20% del PIB español.

A los problemas ya citados que dificultan la actividad exportadora a causa de la pandemia, las empresas perciben el impacto negativo de otros factores, como unos instrumentos de apoyo menos ventajosos en España que los vigentes en países competidores (2,87 puntos), los problemas de liquidez de los clientes (2,84), la peor imagen de España en sus países cliente por la mayor incidencia de la crisis sanitaria (2,75) y los problemas en la cadena de suministro (2,65).

Como factores menos relevantes, las empresas mencionan la competencia de empresas de otros países (2,48), los problemas de entrega de bienes o servicios de exportación (2,45), el aumento de los costes en España derivados de impuestos y cotizaciones sociales más elevados (2,43), el aumento de las barreras a la importación en países clientes (2,31) y la quiebra o cierre de subcontratistas o proveedores de bienes y servicios (2,14).

Apoyos públicos que demandan las empresas

A la hora de señalar el tipo de apoyos públicos que el sector exterior necesitaría para impulsar su actividad, el 56,6% de las empresas encuestadas se decanta por medidas financieras.

Entre éstas, citan el uso de donaciones a Gobiernos de países en vías de desarrollo para financiar estudios de viabilidad que ejecuten empresas españolas en el exterior, el aumento de la dotación presupuestaria de los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización (como los que representan Cesce, ICO o FIEM) y una flexibilización de los mismos, con el fin de imprimir rapidez a las aprobaciones en España y a la negociación de los convenios de crédito.

Además, consideran necesario aumentar el porcentaje de financiación de gastos locales en los créditos a la exportación con apoyo oficial y elevar los techos por país y por operación en seguros de crédito a la exportación para países en vías de desarrollo.

Otras propuestas se refieren a la reforma de la ley de deuda externa y a la demanda de mayor disponibilidad de avales y de garantías de pagos adelantados y de ejecución de contratos.

Las empresas exportadoras también han señalado en sus respuestas la necesidad de adoptar medidas de promoción comercial, potenciando el importante papel que está jugando la red de Oficinas Comerciales en el exterior y ampliando la cobertura geográfica de las mismas. Además, subrayan la necesidad de potenciar la marca España para dar confianza en mercados exteriores y paliar los posibles daños derivados de la crisis sanitaria en la imagen exterior de nuestro país.

Por último, las empresas exportadoras demandan también aplazamiento del pago de impuestos y, muy especialmente, que no se introduzcan reformas que penalicen vía fiscal o de cotizaciones a la Seguridad Social su competitividad internacional.