La “coronacrisis” ha provocado una fuerte presión social para que el Estado alivie los efectos económicos, sanitarios y sociales que se derivan de ella. No solo han aumentado las demandas sociales, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran legítimas y necesarias muchas de esas peticiones. En la lista figura la contratación de más profesionales sanitarios y la mejora de sus condiciones retributivas, la concesión de ayudas directas a personas dependientes, ordenadores para niños de familias más desfavorecidas, el ingreso mínimo vital, la prolongación de los ERTE… Y muchas más que me dejo en el tintero.

Otros colectivos, especialmente las empresas y los autónomos, exigen que su carga impositiva se reduzca sustancialmente para poder subsistir. Necesitan, por ejemplo, reducir las cotizaciones sociales para limitar las pérdidas o un IVA más reducido para intentar compensar en parte la importante caída de las ventas que han sufrido. No atender a estas solicitudes supondría más cierres de empresas y actividades profesionales.

Todos los economistas y empresarios consideramos que, en circunstancias excepcionales como las actuales, hay que adoptar medidas extraordinarias. Ahora bien, si traducimos todas estas necesidades a números, significa que el déficit público se disparará este año hasta el 11-12% (en 2019 alcanzó el 2,8%), y la deuda pública, previsiblemente, llegará al 120% del PIB (95% en 2019). Estas magnitudes nos llevan a preguntarnos si no estaremos ante un gigantesco problema de sostenibilidad de las cuentas públicas. La respuesta depende de si el enorme incremento del gasto es puntual, mientras dure la pandemia, o si se convierte en estructural, sin vuelta atrás.

La realidad es que desde hace algunos años no se han producido progresos significativos para racionalizar y reducir gasto público. Por ejemplo, no se han cerrado organismos públicos para evitar duplicidades entre administraciones, ni se ha reformado en profundidad el sistema de pensiones para adecuarlo a una mayor esperanza de vida y a la mejora de las capacidades intelectuales y físicas de las personas que se jubilan, ni han desaparecido las Diputaciones Provinciales… Y por si todo esto fuera poco, con la llegada de la “coronacrisis”, cuando tenemos las arcas públicas vacías, tampoco hemos visto por parte del Gobierno o de la oposición iniciativas ejemplarizantes, como una bajada del sueldo de los altos cargos, una reducción del número de escaños en las Cortes Generales o los Parlamentos autonómicos, o una congelación de los sueldos de los funcionarios públicos.

Conviene recordar que en esta coyuntura varios millones de personas que trabajan en el sector privado han visto reducidos sus sueldos en un 20-30%, bien por estar en un ERTE o por haber perdido sus puestos de trabajo, y a ellos habría que añadir los miles de empresarios y autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios.

Al contrario, lo que estamos viendo es que una fuerte presión por aumentar el tamaño del sector público de forma permanente. Por ejemplo, con más educación y sanidad pública, a costa de la privada; o con el ingreso mínimo vital. La escalada del gasto público que afrontamos hoy, solo por la pandemia sin tener en cuenta esas otras demandas, es impresionante, y habremos de financiarla de alguna manera en el futuro próximo. Puede ser con deuda pública, pero hay que devolverla en algún momento, y supone aplazar la solución del problema o pasárselo a nuestros hijos. Subidas de impuestos y cotizaciones a empresas y autónomos nos harían menos competitivos y, en este mundo global, abocaría al cierre de empresas, reduciendo la riqueza y la recaudación fiscal. No olvidemos que lo que están haciendo nuestros competidores es bajar impuestos a empresas, no subirlos como se pretende en España.

El extraordinario aumento del gasto público solo es financiable haciendo crecer la economía, es decir, al sector privado. Para ello, habría que acometer reformas estructurales y crear un entorno regulatorio y fiscal favorable a la creación y desarrollo de empresas, que incentivase al mismo tiempo la inversión privada. Con ello reforzaríamos la productividad y la eficiencia de nuestra economía y generaríamos riqueza para sostener el estado de bienestar.

Pero también hay que racionalizar el gasto. Sería necesario concienciar a la clase política sobre el deber de fijar sus horizontes en el largo plazo, prescindiendo de motivaciones electoralistas, y convencer a la sociedad de que no todas sus demandas, aunque pudieran ser legítimas, pueden satisfacerse ni en el corto ni en el medio plazo habida cuenta de la actual situación económica y financiera de la nación.

Soy consciente de que la tarea no es fácil, pero nuestra obligación moral es intentarlo. Nos jugamos nuestro bienestar y, especialmente, el de nuestros hijos y nietos.