¿Qué tiene que hacer España ante un brexit duro?
Antonio Bonet (presidente del Club)
El Economista
19 de enero de 2019
La reacción del mercado de divisas el pasado martes, rompiendo todas las previsiones de caída de la libra para volverse inmediatamente al alza tan pronto como se conoció la derrota parlamentaria del acuerdo del brexit, no deja de ser sorprendente. Los mercados, y en definitiva muchas empresas, han querido ver en este tropiezo una fugaz esperanza para demorar un tiempo más el proceso de desconexión, e incluso —los más optimistas— para revertirlo. Sin embargo, con los datos en la mano, todo indica que será difícil la marcha atrás y, en cualquiera de sus versiones, el brexit será malo para todos, más aún si se resuelve de forma caótica. Lo será para el Reino Unido, para la Unión Europea y para la economía mundial.
Desde un punto de vista español, el asunto es preocupante. Las relaciones económicas bilaterales con el Reino Unido son muy estrechas y, por tanto, el brexit va a tener inevitablemente un impacto en la economía española. Conviene recordar que es nuestro quinto destino de exportación de bienes y el segundo destino de la inversión española en el mundo, con un stock que supera los 75.000 millones de euros. En el período comprendido entre enero y octubre de 2018, nuestras empresas han exportado al mercado británico 16.000 millones de euros, más que a todos los países de Iberoamérica juntos. Y es también, con diferencia, el primer emisor de turistas a nuestro país: casi 18 millones de británicos vinieron a España entre enero y noviembre de 2018.
De forma indirecta, el brexit dejará su impronta también en nuestra economía a través de la normativa europea y los convenios que la Unión Europea tiene firmados. Más de 700 acuerdos y tratados dejarán de aplicarse entre la Unión Europea y el Reino Unido si este país abandona la Unión, y ello afectará de forma directa a la operativa de las empresas de uno y otro lado. Por ejemplo, un brexit sin acuerdo impedirá automáticamente a las aerolíneas inglesas realizar vuelos dentro de la Unión. Quiere decirse entonces que Iberia, a partir del 29 de marzo, ya no podrá volar entre Barcelona y Bruselas o entre Madrid y París. Por su estructura de capital, Iberia se considera una compañía británica.
Hoy por hoy, lo que parece claro es que la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión por parte del Reino Unido el 29 de marzo de 2017, dando curso al mandato del referéndum celebrado un año antes, obliga a que legalmente la separación sea efectiva el próximo 29 de marzo. Esta será drástica si no hay acuerdo, o bien ordenada, y con un periodo de transición, si lo hay. No obstante, la evolución de los acontecimientos en los últimos días (rechazo del acuerdo en el Parlamento, moción de censura a la primera ministra, compromiso del Gobierno de presentar un plan alternativo el 21 de enero) nos introduce en un terreno incierto, en el que todas las opciones están abiertas.
Los mercados, como señalábamos al principio, albergan esperanzas de que el proceso se reconduzca hacia escenarios menos traumáticos, sin descartar una prórroga de algunos meses en la aplicación del artículo 50. ¿Podrá conciliarse lo que a todas luces es deseable con lo que política y legalmente es factible, esto es, aplazar la fecha tope del 29 de marzo de 2019 para que haya tiempo para negociar? Realmente, lo vemos muy difícil. Aparte de que tenemos en mayo las elecciones al Parlamento Europeo, que han sido diseñadas para que no haya eurodiputados británicos, la apertura de una nueva negociación con la Unión Europea sería muy compleja y ardua.
Los británicos tendrían que hacer menos concesiones que las incluidas en el acuerdo original, y por lo que respecta a la Unión, no puede permitirse hacer más de las ya pactadas, que han resultado finalmente rechazadas por el Parlamento británico. Además, en la agenda de la Unión Europea figuran actualmente otros importantes asuntos que requieren de la máxima atención de nuestros dirigentes: el auge de los partidos políticos anti-UE, la tensión comercial con Estados Unidos, la ampliación de la red de acuerdos de libre comercio, la competitividad y la innovación de nuestras empresas o la política de cooperación con África, por solo mencionar algunos temas.
Por tanto, no deberíamos descartar que se produjera un brexit duro, sin acuerdo, lo que debería movilizar a nuestras empresas y autoridades de cara a tomar acciones que traten de mitigar el impacto. En el caso de las empresas, es necesario que pongan en marcha planes de contingencia tanto desde el punto de vista legal como operativo. Y en lo que se refiere a nuestros dirigentes, españoles y comunitarios, deberían apostar por la flexibilidad, al menos durante los primeros meses, a la hora de aplicar la normativa europea a países terceros con los que no hay acuerdos comerciales ni de otro tipo. En tanto se define el nuevo marco de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo más aconsejable sería poner las menores trabas posibles a todo lo que hace referencia al comercio de bienes —con el fin de no romper cadenas de suministro—, servicios financieros, operaciones de transporte aéreo y por carretera o requisitos sanitarios y fitosanitarios, entre otros temas de especial relevancia para el funcionamiento de nuestras economías. De lo contrario, el perjuicio para todos será mucho mayor.
