Reformas para impulsar las exportaciones
Antonio Bonet (presidente del Club)
Expansión
29 de marzo de 2019
La convocatoria de elecciones generales, y el correspondiente proceso para la elaboración de programas electorales, constituye una oportunidad para que las empresas, y la sociedad civil en general, planteemos a los partidos propuestas que de forma ineludible deben formar parte de sus programas electorales. En el caso del sector exterior, todas las formaciones deberían tener presente que ha sido el principal motor de la economía española durante la crisis y en los años posteriores de recuperación. De representar el 23% del PIB en 2009, nuestras exportaciones de bienes y servicios han pasado a tener un peso del 34% en 2018 y, además, son responsables de 4,6 millones de empleos.
Tras haber protagonizado años de enorme dinamismo, han empezado a surgir señales de agotamiento. En 2018, las exportaciones de mercancías aumentaron tan sólo un 2,9%, un punto y medio por debajo de la media de la zona euro (+4,4%), siendo la primera vez desde 2006 que España exporta a un ritmo inferior que el conjunto de los países del euro. Ello constituye una importante llamada de atención para adoptar medidas, sobre todo en el actual contexto económico de desaceleración nacional y mundial.
En este escenario, resulta imprescindible acometer políticas de apoyo a la internacionalización que tengan efectos tanto a corto como a largo plazo. Y, desde luego, convendría que las políticas de internacionalización fueran semejantes en intensidad y objetivos a las de nuestros socios comunitarios, competidores en muchos mercados.
Entre las medidas cuyos efectos solo se verán en el medio plazo, insistimos en la necesidad de reformas estructurales, aún pendientes de acometer, encaminadas a aumentar el tamaño medio de la pyme. Nos referimos, por ejemplo, al diseño de un marco regulatorio laboral y fiscal que no desincentive el que las empresas ganen tamaño, a la potenciación de la I+D+i, a la adecuación del sistema educativo a las necesidades del mercado laboral, y a la homogeneización de la regulación nacional y autonómica. Los efectos de estas reformas estructurales sobre la competitividad internacional de nuestras empresas serían impactantes y con resultados duraderos.
España necesita dotarse de una estrategia de internacionalización de largo plazo y que cuente con recursos presupuestarios adecuados. No se trata de crear nuevas herramientas; ya disponemos de instrumentos de apoyo similares a los de nuestros competidores, pero el uso que hacen de ellos nuestras autoridades es mucho menos agresivo y adaptado a las necesidades de las empresas. Por solo citar un ejemplo, España dispone de planes específicos para aquellas zonas que se están revelando como las más dinámicas del planeta, como África o Asia. Ahora bien, nuestros planes no disponen de asignación presupuestaria, mientras que los que tienen otros países de la UE sí poseen cuantiosos recursos, especialmente para prestar apoyo financiero a sus exportaciones a dichas regiones. También carecen de dotación presupuestaria los planes sectoriales de internacionalización, como el transporte y las infraestructuras, sectores en los que España es una referencia mundial..
Entre las medidas a corto plazo, solicitamos que la política fiscal no penalice a las empresas aumentando sus costes impositivos y de Seguridad Social —en detrimento de su competitividad—, y que se facilite la desgravación de gastos incurridos por filiales y operaciones en el exterior. Además, hay otras medidas que no tienen coste, como ampliar la red de países con los que España tiene convenios para evitar la doble imposición.
En lo que se refiere a los instrumentos financieros, España debería utilizar las herramientas existentes con mayor agilidad, porque estamos perdiendo posiciones frente a países de nuestro entorno. La cartera de seguro de crédito por cuenta del Estado español es inferior a la de países más pequeños como, por ejemplo, Bélgica o Finlandia. En este sentido, pensamos que es urgente simplificar procedimientos y modificar profundamente la ley de deuda externa. Además, convendría adoptar el enfoque made by Spain en lugar del ya clásico y superado made in Spain.
Por otro lado, España debería reforzar sus acciones de diplomacia comercial en las regiones más dinámicas del mundo, a través de la apertura de nuevas Embajadas y Oficinas Comerciales y de la intensificación de viajes oficiales a países emergentes con potencial para nuestras empresas. Asimismo, es necesario que la ayuda oficial al desarrollo española utilice a empresas españolas para ejecutar sus programas, igual que hacen nuestros competidores europeos, y que promueva eficazmente la participación del sector privado en programas de la Unión Europea en regiones como África.
Hay que reconocer que, gracias a la labor que lleva adelante el ICEX, España cuenta con un buen instrumento de información y promoción del comercio exterior. No obstante, en este momento sería muy aconsejable incrementar su dotación presupuestaria para que continúe cumpliendo con su imprescindible labor. Son necesarias también medidas legales, sin coste fiscal, como por ejemplo el introducir cambios regulatorios que permitan mantener programas tan exitosos como el de las Becas de Internacionalización del ICEX, que ha nutrido a nuestras empresas de técnicos del máximo nivel en la materia durante muchos años.
En definitiva, desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles reclamamos a los partidos políticos un entorno de negocio favorable para las empresas con actividad internacional, en el convencimiento de los mercados exteriores constituyen hoy en día la principal vía de crecimiento de la economía española.