Si los países europeos son coherentes con el espíritu de las sanciones que han acordado aplicar contra Rusia, tarde o temprano deberán renunciar a la importación de materias primas procedentes de ese país. Renunciar significa sacrificarse, prescindir de una opción ventajosa en aras de una causa de importancia superior. Lo que no se sostiene es la ambivalencia actual de la Unión Europea, que por un lado intenta aislar a Moscú y brinda apoyo militar a Kiev y por otro lado alimenta la maquinaria bélica rusa mediante la compra de hidrocarburos. En concreto, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA por sus siglas en inglés) cifra en 44.000 millones de euros los ingresos que ha percibido Rusia por la venta de combustibles fósiles al bloque comunitario en los dos primeros meses de la guerra.

Desde que el 24 de febrero comenzó el conflicto, el Consejo Europeo ha aprobado cinco paquetes de sanciones. En el último se incluyó un embargo sobre el carbón (que entrará en vigor en agosto), pero de momento no se ha prohibido la importación de petróleo ni, mucho menos, de gas. Los intereses económicos en juego son enormes, porque los países del centro y el este de Europa presentan una alta dependencia energética de Rusia. Vladimir Putin es consciente de ello y está dispuesto a ejercer su capacidad de presión. Ya lo ha demostrado con Polonia, Bulgaria y Finlandia, que han visto interrumpido el suministro de gas al negarse a pagar la factura energética en rublos. Finlandia también ha dejado de recibir electricidad de Rusia al confirmar su voluntad de incorporarse a la OTAN. Y es probable que otros países se encuentren pronto en una situación similar.

A nadie le puede sorprender que el Kremlin se revuelva contra el programa de sanciones y las demás medidas que están adoptando los Veintisiete. Pero, como estos no pueden ceder al chantaje, la única salida razonable pasa por aceptar el envite y asumir que tienen —tenemos— un grave problema de abastecimiento de materias primas. Y aquí nos referimos no solo a los combustibles fósiles, sino también a otros recursos naturales indispensables en una economía que aspira a ser digital y baja en carbono.

El litio y el cobalto son necesarios para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, así como el galio y el indio para la producción de células fotovoltaicas. Los teléfonos móviles vibran gracias al wolframio, y los semiconductores requieren de silicio metálico para su funcionamiento. Podríamos citar más nombres: bauxita, germanio, magnesio, niobio, platino, titanio, etc. En total, la Comisión Europea ha identificado una treintena de materias primas fundamentales para nuestro desarrollo económico, pero se trata de metales y minerales que raramente se encuentran en suelo europeo. El grueso de la producción se concentra en tres regiones del mundo (el subcontinente chino, Iberoamérica y África), con el riesgo que ello implica en términos de suministro.

China es uno de los principales proveedores de la Unión en lo que se refiere a este tipo de recursos naturales. A modo de ejemplo, el 98% de las tierras raras que importamos procede de allí. No obstante, el Gobierno de Pekín ha emprendido desde hace años una agresiva política expansionista con el fin de acaparar materias primas de otras regiones del mundo. Ahí se enmarca el proyecto de la nueva Ruta de la Seda o la fuerte presencia económica y diplomática que ha adquirido en África y en Iberoamérica. China no solo compra materias primas en esos mercados, sino que también produce in situ y concede financiación para el desarrollo de grandes proyectos.

Por lo demás, la guerra en Ucrania ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y una China convertida en el mayor aliado internacional del Kremlin. Muy lejos queda el clima de entendimiento que demostraron Bruselas y Pekín hace año y medio cuando anunciaron un prometedor acuerdo en materia de inversiones cuya ratificación hoy resulta impensable.
Al igual que China, Moscú tampoco se ha quedado atrás en su expansión internacional y en los últimos años ha extendido sus tentáculos hacia el continente africano en busca de materias primas y recursos energéticos. Tal es el grado de influencia de Rusia en la región que la mitad de los Estados africanos eludieron condenar la invasión de Ucrania el 2 de marzo en la Asamblea General de la ONU. 17 países (entre ellos Argelia y Sudáfrica) se abstuvieron en la votación, mientras que Marruecos y siete países más optaron por ausentarse del pleno. Hubo uno, Eritrea, que incluso se alineó abiertamente con Moscú.

Con respecto a Iberoamérica, no se puede ignorar el papel que viene desempeñando Rusia como instigador de los movimientos populistas que han brotado en la región y que son responsables, en gran medida, de la creciente desafección hacia España. En la Asamblea General de la ONU del 2 de marzo, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador se retrataron como los principales apoyos de Putin en el Cono Sur.

Como señalaba antes, la Unión Europea tiene el reto de lograr un aprovisionamiento seguro y sostenible de materias primas en los mercados internacionales y, sin embargo, si observamos la penetración de China y de Rusia tanto en Asia como en África, llegaremos a la conclusión de que el Viejo Continente se está quedando aislado en el mapamundi. Un aislamiento que podría acentuarse si a causa del cambio climático se abriese la ruta marítima del Ártico, bajo control de Moscú, para la navegación entre el Atlántico y el Pacífico.

En este contexto, los Veintisiete deberían mirar una vez más hacia los Estados Unidos. Nunca sabremos cómo habrían evolucionado la economía y la geopolítica mundiales de haberse aprobado el TTIP, el acuerdo transatlántico de comercio e inversiones que se negoció durante el mandato de Barack Obama (2009-2016) y que, lamentablemente, Donald Trump archivó en un cajón nada más llegar a la Casa Blanca. Lo que parece indudable es que Washington y Bruselas —los dos actores más relevantes de lo que damos en llamar Occidente— habrían reforzado su capacidad de influencia en el comercio internacional frente a otras potencias en ascenso, en un momento además en el que la zona del Pacífico está desplazando al Atlántico como centro de gravedad de la economía mundial.

A raíz de la guerra en Ucrania, Estados Unidos se perfila como un proveedor de energía indispensable para Europa gracias a sus abundantes reservas de crudo y de gas. De hecho, en el caso particular de España, ha superado a Argelia como nuestro principal suministrador de gas. Como contrapartida al aumento de las importaciones energéticas, la Unión Europea debería reclamar al Gobierno de Joe Biden la firma de un nuevo TTIP, adaptado a las actuales circunstancias, y que más allá del comercio y las inversiones bilaterales contemplase una estrategia conjunta destinada a aumentar la presencia de la Unión Europea y Estados Unidos en Iberoamérica y en África para asegurarse, así, un abastecimiento estable de materias primas.

Nos encaminamos hacia un nuevo orden económico mundial y Europa se encuentra, de entrada, en una posición de clara debilidad por su dependencia del exterior para acceder a determinados recursos naturales. Es urgente, pues, que los Veintisiete muevan ficha para hacer compatible el cumplimiento del programa de sanciones contra Rusia con un modelo de suministro que garantice la obtención de las materias primas necesarias para el desarrollo presente y futuro de la economía europea.

Ello requiere una política de reconfiguración del mapa de aprovisionamiento en la que España tiene mucho que decir. Por su ubicación geográfica y por sus vínculos históricos, nuestro país debería desempeñar un papel decisivo en el acercamiento de la Unión Europea y Estados Unidos a Iberoamérica y al continente africano. Un reto para la política exterior española y, al mismo tiempo, una oportunidad para recuperar la relevancia internacional que hemos perdido como país en los últimos años.