Entre las veinte economías más desarrolladas del mundo hay pocas que presenten un grado de internacionalización tan alto como la economía española. Las exportaciones de bienes y servicios generan casi el 40% del PIB (producto interior bruto), un nivel superior al que registran otras potencias europeas como Francia, el Reino Unido o Italia, y a ello hay que sumar las inversiones productivas que nuestras empresas tienen desplegadas en los cinco continentes por valor de 500.000 millones de euros.

Sin riesgo de exageración, los intereses económicos de España en el exterior son enormes y más aún deberían serlo en el futuro porque, habida cuenta del limitado potencial de crecimiento que ofrece el mercado interno, el progreso de nuestro país depende básicamente de la proyección internacional de las empresas. De ahí la importancia de contar con una política exterior estable, consensuada entre las principales fuerzas políticas, exenta de sesgos ideológicos, basada en el interés general de España y con una clara orientación hacia la diplomacia económica.

Aceptada esta premisa, resulta difícil de comprender, por ejemplo, que nuestro país se haya desmarcado de todas las iniciativas internacionales para combatir los ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo. Se trata de una de las principales rutas comerciales del mundo, clave en las comunicaciones entre la península ibérica y el continente asiático. El tráfico marítimo entre España y Asia mueve tal volumen de mercancías —46 millones de toneladas en 2023, con un valor total de 85.000 millones de euros— que cualquier perturbación en el mar Rojo causa perjuicios directos a las empresas españolas: retrasos en las entregas, problemas de abastecimiento, aumento de los costes de transporte…

Desde hace meses, nuestros aliados están movilizando de forma coordinada sus recursos militares para salvaguardar la libertad de navegación en el mar Rojo. España, aunque no sea una potencia militar de primer orden, debería sumarse a estas operaciones en vez de fiar la protección de sus propios intereses a terceros países en una actitud poco realista y dañina, además, para su imagen de socio fiable en materia de defensa.

Donde nadie nos va a sacar las castañas del fuego es en la crisis abierta con Argelia, ya que se trata de un contencioso bilateral: las autoridades argelinas no están conformes con el giro de España en torno al Sáhara. Durante décadas, la diplomacia española había hecho verdaderos equilibrios para mantener buenas relaciones con los dos principales países del Magreb, evitando crear agravios comparativos. Pero el reconocimiento —en marzo de 2022, hace ya dos años— de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española provocó el enfado de Argel, y ésta es la hora en que todavía no se han normalizado las relaciones diplomáticas.

Si nos remontamos dos años atrás, acababa de empezar la guerra en Ucrania y los países europeos se afanaban en buscar proveedores alternativos al gas ruso. Siendo Argelia uno de los mayores productores del mundo, España aspiraba a ser la plataforma de distribución del gas argelino hacia Europa, pero la oportunidad se frustró en el momento decisivo y al Gobierno italiano, con Mario Draghi a la cabeza, le faltó tiempo para posicionarse como el socio preferente de Argelia en el sur de Europa, una estrategia que ha continuado con gran éxito Giorgia Meloni.

El deterioro de las relaciones diplomáticas con Argelia se extendió de inmediato al ámbito comercial, y España hubo de recurrir a otros proveedores ―más caros― ante la disminución del suministro de gas argelino. Por otro lado, si nuestras empresas venían exportando a Argelia mercancías por valor de 1.900 millones de euros en 2020 y 2021, las ventas en 2022 se redujeron a 1.000 millones y en 2023 no llegaron siquiera a los 350 millones (frente a unas importaciones, por cierto, de 6.400 millones). En términos comparativos, hoy por hoy España exporta a Argelia tanto como a Jordania, un país mucho más distante y cuatro veces menos poblado.

Cada vez que estalla un conflicto geopolítico o cada vez que se producen tensiones diplomáticas, hay altas probabilidades de que se resienta el negocio internacional de las empresas, y para prevenir o minimizar ese riesgo resulta indispensable contar con una política exterior que vele por los intereses económicos del Estado. Antaño los países mandaban a sus ejércitos a conquistar nuevos territorios; hoy son las empresas las que compiten en los mercados internacionales para generar riqueza, crear puestos de trabajo y contribuir a las arcas públicas. Y en ese cometido, en el reto de la internacionalización, las compañías no pueden quedar desamparadas cuando surge una crisis fuera del territorio nacional. Puesto que la demanda externa sostiene cerca del 40% del PIB, una defensa firme del sector exterior ha de revertir sin duda en una sociedad más próspera y con mayores cotas de bienestar.