La organización advierte del impacto potencial sobre sectores como el aceite de oliva y anima a las empresas afectadas a participar en la consulta pública estadounidense.

Madrid, 16 de octubre. – El Club de Exportadores e Inversores Españoles pide prudencia y diálogo ante la propuesta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) y apuesta por la diplomacia comercial para resolver las diferencias antes de que las medidas puedan convertirse en definitivas. La propuesta contempla una tasa de 200.000 dólares por escala para buques con bandera española y restricciones a la importación de cinco categorías de productos: aceites y grasas, perfumería y cosmética, cerámica, manufacturas de piedra, y azúcar y confitería. En 2025, estas categorías sumaron exportaciones españolas a Estados Unidos por valor de 2.758 millones de euros, equivalentes al 16 % de las ventas españolas a ese mercado y en torno al 0,7 % del total de las exportaciones españolas.

Aunque su peso en el conjunto de las exportaciones es limitado, el Club advierte de que las consecuencias para las empresas afectadas pueden ser significativas, especialmente en sectores como el aceite de oliva. La organización recuerda, además, que la FMC ha abierto una consulta pública de 60 días, hasta el 14 de diciembre, y contempla la posibilidad de adoptar medidas más limitadas o retirarlas si se alcanza una solución diplomática. La propuesta actual es también más moderada que la planteada en diciembre de 2025, cuando se barajaban sanciones de hasta 2,3 millones de dólares por viaje.

“No debemos perder de vista que estas medidas también pueden perjudicar a los importadores, distribuidores y consumidores estadounidenses. En una relación comercial tan interdependiente, una escalada de tensiones no beneficia a ninguna de las partes”, destaca Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores.

La organización subraya que cualquier respuesta debe coordinarse con la Unión Europea, dado que la política comercial es competencia exclusiva comunitaria. Por ello, anima a las empresas y asociaciones de los sectores afectados a participar en la consulta pública y aportar datos que permitan evaluar las consecuencias económicas de las medidas propuestas.

Asimismo, insta al Gobierno a aprovechar la audiencia ofrecida por la FMC y los canales diplomáticos, en coordinación con la Comisión Europea, para resolver la discrepancia antes de que las medidas se hagan efectivas.

“La prudencia no significa pasividad. Es fundamental defender los intereses de las empresas españolas, utilizar todos los cauces de diálogo disponibles y trabajar para alcanzar una solución negociada”, concluye Bonet.