Un papel más activo para la empresa en la cooperación oficial al desarrollo de España

Por Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores

 

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Las empresas españolas apenas participan en proyectos que financia la cooperación oficial al desarrollo de España. La nueva ley de cooperación es una oportunidad para corregir esta anomalía.

Es indudable que la empresa privada juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de los países. Así lo reconoce la ONU en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS). Las empresas son, en todo el mundo, la principal fuente de desarrollo económico y creación de empleo. En los países en vías de desarrollo las empresas, además de invertir, producir y comercializar, participan activamente en la ejecución de proyectos con financiación multilateral o bilateral de países OCDE que sirven para crear infraestructuras físicas (transporte, energía…) y sociales (hospitales, escuelas, agua…).

Las empresas españolas son muy activas en la ejecución de proyectos internacionales en numerosos sectores tales como agua y saneamiento, electrificación y energías renovables, infraestructuras de transporte, equipamiento hospitalario y educativo, por solo mencionar algunos. Y lo hacen tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Baste citar que es habitual que nuestras empresas sean adjudicatarias de contratos por valor superior a 50.000 millones de euros anuales. Específicamente en países en desarrollo, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), España ocupa el quinto lugar en cuanto a adjudicaciones de licitaciones de obras, suministros y servicios, por detrás de Canadá, Argentina y Brasil, con un nivel similar al de Estados Unidos, China y Corea. En el sector servicios (consultoría, ingeniería, …) 855 empresas españolas han ganado concursos del BID.

Sin embargo, las empresas españolas apenas participan en proyectos que financia la cooperación oficial al desarrollo española. La OCDE ha señalado en un reciente estudio que más de la mitad del presupuesto de la cooperación oficial al desarrollo española se destina a subvenciones a ONGs y únicamente el 2% se destina a programas que ejecuten empresas. Es cierto que el presupuesto que dispone la ayuda española es muy escaso, pero hay otras razones. En una reciente encuesta que ha realizado el Club de Exportadores e Inversores la gran mayoría de las empresas encuestadas han ganado concursos internacionales financiados por el BID, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y otros.  Sin embargo, solo un 10% de los encuestados se ha presentado a alguna licitación que haya convocado directamente la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Esto puede ser la consecuencia de que tradicionalmente se ha marginado a la empresa en la ejecución de proyectos. Es significativo que los encuestados lo explican, entre otras razones “por el claro enfoque hacia las ONGs que tiene la AECID y las pocas convocatorias que han salido para empresas”.

 

Fuente: OECD Development Cooperation Peer Review. Spain 2022

Por el contrario, empresas de otros países europeos sí participan muy activamente en la ejecución de proyectos que financian sus Agencias Oficiales de Ayuda al Desarrollo. Incluso cuando la ayuda es no ligada, como por ejemplo ocurre en Francia, son empresas francesas las principales adjudicatarias. La Agencia Oficial de Desarrollo de Alemania, GIZ, tiene como parte de su política oficial “ayudar a empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, especialmente en países en vías de desarrollo y economías emergentes”. La Agencia Oficial de Cooperación al Desarrollo japonesa (JICA) diseña y ejecuta “programas de colaboración con el sector privado para la difusión de la tecnología japonesa … que contribuyan al crecimiento de los países en desarrollo”.

El Gobierno español acaba de aprobar un anteproyecto de Ley, que está actualmente en debate en el Congreso, que modifica sustancialmente la política oficial de cooperación. Esto es necesario y conveniente pues la actual ley en vigor, que data del año 1998, ha quedado obsoleta. Un análisis del anteproyecto de Ley muestra que, ahora sí, se reconoce que la empresa sí puede participar en la ejecución de proyectos financiados por la cooperación española. Sin embargo se aprecia una presunción de que las empresas pueden actuar de forma poco ética. Específicamente el anteproyecto de Ley establece que los concursos de obras, suministros o servicios estarán abiertos a empresas privadas “en la medida que contemplen objetivos específicos de tipo medioambiental, social u otros”. Se resalta en el anteproyecto de Ley que se incluirán en los criterios de adjudicación “aspectos sociales y medioambientales del proceso de producción y comercialización”. Por supuesto que las empresas privadas deben actuar de forma responsable y conforme a estándares internacionales, como de hecho ocurre. ¿Es necesario poner más trabas y exigencias cuando las empresas privadas españolas sí ejecutan sus proyectos atendiendo a estándares internacionales medioambientales y sociales y cumpliendo las legislaciones locales?

En el anteproyecto de Ley se echa en falta algunos de los objetivos de la cooperación oficial al desarrollo que sí aplican otros países de nuestro entorno. En concreto países como Inglaterra consideran que su ayuda oficial al desarrollo además de servir para alcanzar los ODS debe también contribuir a alcanzar otros objetivos tales como ayudar a los intereses generales de su política exterior, mejorar la imagen del Reino Unido en los países receptores de la ayuda y facilitar la penetración de sus empresas. Por otra parte, en el anteproyecto de Ley se especifica que la cooperación española delegará en los países de destino la ejecución de los proyectos; por el contrario otros países ejecutan directamente los proyectos que financian. ¿Supondrá esto que España apenas tenga visibilidad?

Un aspecto positivo del borrador de Ley es que prevé una profunda reforma de los instrumentos de cooperación financiara, el actual FONPRODE, al que se le concederá la posibilidad, además de conceder préstamos a los países para ejecutar proyectos que ayuden a su desarrollo, de otorgar subvenciones para la prestación de asistencia técnica. Esta es una de las herramientas fundamentales que utilizan países de nuestro entorno para facilitar la presencia de sus empresas en proyectos de cooperación financiados tanto por ellos mismos como por bancos e instituciones multilaterales de desarrollo. Pero también hacen falta otras reformas, como por ejemplo aumentar significativamente la información sobre futuros concursos y programas; o incrementar los programas bilaterales españoles, que nos den visibilidad, aunque sea reduciendo las aportaciones financieras a programas multilaterales, si el presupuesto es limitado.

No debemos olvidar que lo que se está discutiendo en el Congreso es un anteproyecto de Ley. Como tal no puede entrar en los detalles, que se regularán mediante normas de menor rango como reglamentos y órdenes. Este sería el caso, por ejemplo, de la prevista reorganización de la AECID y del FONPRODE. Ahí es donde podremos ver, en la práctica, si la nueva política que debería impulsar la nueva Ley de verdad facilitará que nuestras empresas ejecuten proyectos financiados con nuestros impuestos.