El Club de Exportadores e Inversores Españoles, a través de una nota técnica aprobada por su Comité de Reflexión sobre Internacionalización, aconseja llevar a cabo una actualización del sistema español de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado para dotarlo de mayor flexibilidad y dinamismo.

En el documento, el Club de Exportadores asegura que existe una serie de obstáculos legales y administrativos que han impedido que la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (Cesce), creada en 1970 para cubrir los riesgos de impago derivados de operaciones de internacionalización de empresas españolas, se adapte plenamente a los cambios que están impulsando otras agencias homólogas de países competidores de España.

En este contexto, el Club de Exportadores plantea una batería de propuestas para flexibilizar el sistema español e igualar las ventajas competitivas que empresas de otros países encuentran en sus respectivos sistemas de apoyo financiero oficial a la exportación.

Entre ellas, se recomienda que Cesce recupere autonomía en la toma de decisiones sobre cobertura de riesgos por cuenta del Estado, con planteamientos basados en criterios técnicos, y que el techo por operación que pueda aprobar la compañía directamente se eleve de forma sustancial.

Otra de las propuestas pasa por derogar la ley de deuda externa de 2006, que eliminaría el requisito de previa aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de operaciones en los llamados “países HIPC” (países en desarrollo y con una elevada deuda pública). Se trata, a juicio del Club de Exportadores, de una excepción a la norma vigente en los países de nuestro entorno, lo cual resta competitividad a las empresas españolas.

Por otro lado, se sugiere aprovechar de forma íntegra el volumen máximo anual de cobertura de riesgos por cuenta del Estado, que, si bien está establecido en 9000 millones de euros, apenas se viene utilizando en una tercera parte. “Una política más flexible en cuanto a países, techos por operación y contenido del contrato de exportación generaría más demanda de seguro y, por tanto, un mayor volumen de exportación”, se indica en la nota técnica.

Otra de las recomendaciones consiste en flexibilizar la aplicación de los criterios relativos a la financiación del material extranjero y del gasto local, tal como hacen otros países competidores de España. En la misma línea, se aconseja dar máximas facilidades para la cobertura de grandes contratos de infraestructuras o de plantas llave en mano que ejecuten en el exterior empresas españolas.

Asimismo, el Club de Exportadores recomienda al Gobierno que autorice y dote de medios a Cesce para abrir delegaciones en el extranjero y contratar a personal especializado. Con ello se podrían poner en marcha políticas más agresivas de apoyo oficial a la exportación a través de contactos con clientes potenciales en países extranjeros, ayudándoles a estructurar la financiación de sus operaciones.

Entre las recomendaciones se encuentra también el refuerzo de la colaboración, dentro del sistema oficial de seguro de crédito a la exportación, con los accionistas privados de Cesce (todos ellos entidades bancarias y de seguros) y, en su caso, de agrupaciones de exportadores en la gestión y análisis de los riesgos semipúblicos o subnacionales.

Por último, se plantea que Cesce o la Administración realicen y publiquen análisis sobre el impacto en la creación o mantenimiento de empleo de las exportaciones españolas que cuentan con apoyo financiero oficial.

Factores internos y externos

Las propuestas del Club de Exportadores parten del diagnóstico de que el sistema español de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado se ha quedado rezagado en un contexto en el que otros países competidores de España vienen aplicando, desde la crisis financiera de 2008, políticas más agresivas en las condiciones de financiación de operaciones de exportación con apoyo público.

Por otro lado, el Club de Exportadores señala que la propia Cesce ha ido perdiendo autonomía en el aseguramiento de riesgos por cuenta del Estado, en primer lugar por la ley de deuda externa de 2006 y principalmente por las modificaciones legislativas llevadas a cabo sobre la compañía en 2014.

Según el documento, “desde el año 2015 la Administración pública es quien toma directamente las decisiones sobre los riesgos que se deben asegurar por cuenta del Estado, así como en relación con los países de destino y con los importes de las operaciones”. El Club de Exportadores considera que el predominio de criterios políticos sobre planteamientos técnicos “redunda en una merma de la eficacia y agilidad del instrumento”.

Asimismo, entre las debilidades del sistema español de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado se apunta también la insuficiencia de recursos humanos dentro de Cesce (por las restricciones que impone el sector público a la contratación de personal), así como la ausencia de filiales y oficinas de representación en el exterior para ayudar a las empresas exportadoras españolas sobre el terreno.