La reciente visita del presidente Obama al Reino Unido y a Alemania ha colocado en la agenda informativa europea el debate sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, más conocido por sus siglas en inglés como TTIP. Sin embargo, en España la mayor parte de la población permanece ajena a este debate. Según datos del Real Instituto Elcano, más del 90% de los españoles desconoce que Bruselas y Washington están negociando el TTIP y, en consecuencia, ignora la relevancia económica y geoestratégica del acuerdo.

La Unión Europea y Estados Unidos suman más de 800 millones de habitantes, generan el 45% del PIB mundial, son responsables de una tercera parte del comercio internacional de bienes y servicios y poseen el 65% de la inversión extranjera distribuida por el mundo. Resulta evidente que el TTIP es algo más que un tratado de libre comercio e inversión. En efecto, responde a la voluntad de los dos bloques más desarrollados del planeta de unir sus fuerzas para mantener la hegemonía económica frente al ascenso de las potencias emergentes. Puesto que el centro de gravedad de la economía global se está desplazando hacia el Pacífico, nos encontramos en un momento idóneo para estrechar los lazos entre las dos orillas del Atlántico.

Ello será especialmente beneficioso para la economía española. No olvidemos que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de nuestros bienes y servicios fuera de la Unión Europea, y que es el tercer destino de la inversión española en el mundo. Al mismo tiempo, Estados Unidos es el mayor inversor mundial en nuestro país, lo que genera más de 150.000 puestos de trabajo. Si finalmente Bruselas y Washington cierran un acuerdo completo y ambicioso, el incremento de los flujos de comercio e inversión entre España y Estados Unidos ocasionará un impacto muy positivo en la economía española durante los cinco primeros años de vigencia del TTIP. Se calcula que el PIB aumentará casi un 3%, que se crearán más de 300.000 empleos y que los salarios de los trabajadores subirán un 0,72% anual.

Merece la pena subrayar que el TTIP puede contribuir de forma notable a la internacionalización de las pymes. Precisamente, con ese objetivo el Club de Exportadores e Inversores firmó en 2003 un acuerdo de colaboración con el Departamento de Comercio de Estados Unidos a través de la Minority Business Development Agency. El tamaño de las empresas limita, como es sabido, su capacidad para salir al exterior y competir en los mercados internacionales. En la medida en quese eliminen las barreras comerciales y se armonicen las regulaciones y certificaciones de cada país —que es, en rigor, el núcleo central de las negociaciones—, las pymes españolas ganarán en competitividad y encontrarán menos obstáculos a la hora de operar en Estados Unidos.

El TTIP es también una oportunidad magnífica para que España se convierta en un importante centro de distribución entre Europa y Norteamérica. Nuestro país cuenta con una ubicación geográfica inmejorable y está dotado de una amplísima red de infraestructuras, situada entre las mejores del mundo. Ahora bien, sería convenientepotenciar el transporte ferroviario de mercancías y extender las conexiones hasta los nudos portuarios. De esta manera, los puertos de las costas cantábrica (Ferrol, Avilés, Gijón, Santander, Bilbao y Pasajes) y atlántica (La Coruña, Vilagarcía de Arousa, Marín y Ría de Pontevedra, Vigo, Huelva, Cádiz, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas) se hallarían en mejores condiciones para aprovechar el aumento de los flujos comerciales transatlánticos.

Por último, quisiera afirmar que el impulso de la Administración pública española al TTIP debe formar parte de una política integral de apoyo a la internacionalización. El sector exterior se ha convertido en uno de los pilares de la economía española, responsable de un tercio del PIB, y debe ser considerado como una cuestión de Estado. Vivimos en un mundo globalizado donde las empresas ya no pueden plantearse la posibilidad de limitar su actividad al mercado interno. Esperemos que el próximo Gobierno comprenda que el futuro de la economía española pasa por su apertura a los mercados internacionales, fuente de riqueza y empleo para todos.