¿Podría un sistema de inteligencia económica haber previsto las consecuencias de una crisis empresarial y sistémica como la que se ha derivado de la difusión del COVID-19? La respuesta más ajustada a la realidad es que probablemente no hubiese sido capaz de hacerlo, precisamente por ese carácter imprevisto consustancial a toda crisis, pero a renglón seguido habría que añadir que una alerta temprana, basada en el análisis de la información que provenía del epicentro de la epidemia, y proporcionada por las mismas empresas que trabajan sobre el terreno, podría haber mitigado en parte algunas indeseables consecuencias que han sido fruto irremediable de las prisas y de la improvisación que hemos visto en general en los distintos países.

Hay que recordar que las primeras noticias del coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, datan del pasado diciembre, y aunque es cierto que el Gobierno chino no informó a la OMS hasta un mes después, había ya indicios suficientes para que los distintos Gobiernos hubieran podido tomar de forma más rápida cartas en el asunto, tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental, en el sentido de haber analizado escenarios, haber previsto recursos, sopesado estrategias y coordinado esfuerzos que supusieran el mínimo impacto en la población y en la economía. También es cierto que decirlo ahora es más fácil que hace unas semanas, pues tenemos cierta perspectiva. Gestionar una pandemia mundial no es precisamente una tarea sencilla y, visto lo visto, no hay fórmulas magistrales.

En cualquier caso, la crisis del COVID-19 no ha hecho más que confirmar que, entre la extensa batería de riesgos a los que ya de por sí se enfrenta la empresa internacionalizada, hay que añadir además los de naturaleza sanitaria, con una inusitada capacidad de destrucción, primero desde el punto de vista de la salud pública, seguida después por una profunda crisis económica y una pavorosa crisis social. Hablamos de un catálogo de riesgos para las empresas entre los que ya figuraban el desempleo y la caída de la demanda, el terrorismo, el crimen organizado, el riesgo político, los atentados a la propiedad intelectual, la dependencia energética de países con sistemas inestables o vulnerables o las restricciones de hecho a operar en determinados Estados sin socios locales. Muchos de estos riesgos, hay que recordar, presentan efectos muchas veces multiplicados por la universalización de las herramientas tecnológicas, con internet a la cabeza.

Como hemos visto en el caso del COVID-19, el modo que tienen las empresas internacionalizadas de defenderse de estas situaciones indeseadas es limitado. No en vano, su actividad principal no consiste en desplegar actividades de inteligencia, sino en fabricar productos cada día mejores o proveer servicios de calidad. Sin embargo, y a la vista de los recientes acontecimientos, harían muy bien los Estados, al igual que las empresas, en aunar más sus esfuerzos para intentar gestionar coordinadamente estos riesgos y, en la medida de lo posible, anticiparse a sus consecuencias.

Conviene recordar a este respecto que, en un país netamente exportador como Alemania, el 86% de sus grandes corporaciones cuentan con un departamento de inteligencia competitiva, cuyo protagonismo es incuestionable en el éxito que alcanzan en el mundo. De ellas, el 73% considera que su coste se recupera sobradamente. Esta situación contrasta con la de España, donde el grado de implantación de este recurso se limita solo a algunas grandes empresas, mientras que es prácticamente inexistente en el tejido pyme.

Junto con Alemania, otras potencias económicas como EE UU, China, Japón, Francia o Suecia cuentan también desde hace años con estructuras institucionales donde unen sus esfuerzos la inteligencia económica, entendida como aquella que llevan adelante los servicios de inteligencia en defensa de los ciudadanos y del propio Estado, y la inteligencia competitiva, que constituye una herramienta de gestión al servicio de las empresas, cuyo cometido es recabar y analizar información para fundamentar decisiones estratégicas.

Siguiendo ese modelo, en España sería preciso hacer un esfuerzo por seguir extendiendo la cultura de la inteligencia en las grandes empresas, no solo por su propio interés empresarial, sino porque además actúan como fuerza tractora para la expansión internacional de la pyme. Sería aconsejable, además, que su habilitación dentro de las organizaciones optase por la creación de modelos simples, ágiles y muy operativos, y que en su desarrollo se involucrase a todos los empleados —de todos los niveles— en el proceso de generación y transmisión de la información.

La experiencia nos muestra, además, que sería muy interesante avanzar hacia la integración de la inteligencia competitiva empresarial con la inteligencia económica pública, lo que permitiría poner en manos de las empresas españolas valiosos recursos de información que mejorarían su competitividad en el entorno global. Hablamos de articular un sistema que permitiese a las empresas que precisaran de apoyo en materia de inteligencia canalizar sus peticiones dentro de un espacio de colaboración donde se aunasen los esfuerzos e intereses de las fuerzas de seguridad del Estado y las empresas españolas. El resultado, estamos seguros, aportaría a las empresas un extraordinario conocimiento susceptible de convertirse en ventaja competitiva.

Todavía es pronto para saber cuáles serán las consecuencias reales que tendrá la crisis del coronavirus en el mundo de los negocios internacionales. Algunos hablan ya de que veremos una reconfiguración de las cadenas globales de valor que primen las relaciones comerciales de cercanía, de igual forma que apuntan a una relocalización de las producciones industriales. Lo que sí parece claro es que el panorama para las empresas será más complejo y competitivo, con posibilidad de cierre de fronteras, mayores gravámenes arancelarios, reducción de las exportaciones e importaciones o retroceso en la libertad de movimiento de personas. Y ese panorama incierto recomendaría que Gobiernos y empresas redirigieran sus esfuerzos hacia un plano de cooperación en materia de información económica y competitiva para prevenir futuras e indeseables crisis mundiales que, a ciencia cierta, vendrán.