De un tiempo a esta parte, las noticias que ilustran las relaciones entre España y la gran comunidad de países que conforman América Latina aparecen teñidas de controversia política y tintes ideológicos. Como si de un movimiento sísmico se tratase, aunque en esta ocasión con un marcado carácter social, este distanciamiento hacia España y lo español ha recorrido el espinazo del continente hasta alcanzar a los estados hispanos de Norteamérica. Ahí están, como triste símbolo de esta adversa corriente, el derribo de estatuas que hasta hoy recordaban y conmemoraban en muchos lugares públicos la impronta de España en el continente.

Lejos nos parecen aquellos años en los que se apreciaba una vocación decidida por estrechar los lazos de España con la región, tiempos protagonizados en primera instancia por nuestras empresas y alentados por una visión de altura de los sucesivos Gobiernos de España, que desplegaron una política exterior muy adecuada de cara a armonizar los objetivos de cooperación con los legítimos intereses de nuestro país.

De esos tiempos (hablamos de la década de los años ochenta y noventa del pasado siglo), datan los primeros y grandes flujos de inversión dirigidos a un amplio número de países de la zona, lo que hizo posible que en muy poco tiempo España se convirtiese en el segundo país en inversión extranjera directa en América Latina, sólo por detrás de Estados Unidos. Principalmente, las empresas españolas aprovecharon los procesos de privatizaciones para entrar en sectores regulados como la banca, la energía, las telecomunicaciones o los seguros, y en muy poco tiempo se convirtieron en operadores de referencia en los respectivos mercados.

A todas luces, fue un desembarco exitoso para nuestras empresas, como también lo fue para los países destinatarios de la inversión, que se beneficiaron de la creación de cientos de miles de puestos de trabajo y de un importante avance tanto en la profesionalización de sus estructuras organizativas y productivas como en la actividad económica de sus mercados. Como botón de muestra de esa intensa relación, baste señalar que el stock de inversión directa de España en América Latina alcanza hoy los 165.000 millones de euros, lo que supone un tercio de toda nuestra inversión en el mundo.

Las empresas españolas supieron aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecía América Latina en los periodos descritos. Sin embargo, en los últimos años observamos que los flujos de inversión permanecen estancados, sin que se aprecie ningún indicio de cambio a medio y largo plazo. La razón tiene que ver, sin duda, con las nuevas estrategias de diversificación que adoptan las empresas españolas en sus inversiones, atentas siempre al potencial y dinamismo de nuevos mercados en el mundo, pero también con una específica percepción y análisis del riesgo asociado a la región latinoamericana.

Si los últimos años se han caracterizado por un limitado crecimiento económico de la región, el inesperado impacto de la COVID-19 no ha hecho más que ampliar los problemas estructurales que ésta ya padecía, postrando a las sociedades de muchos de sus países en la pobreza y dando pábulo, desde la perspectiva política, a unos movimientos populistas cuya capacidad desestabilizadora en todos los órdenes resulta extraordinaria.

Estamos, en cualquier caso, ante un panorama poco favorable al mundo de la empresa, lo que resulta si cabe más inquietante en el caso de sectores regulados y, por tanto, muy sensibles a la acción política. De hecho, la concentración del cóctel formado por bajo crecimiento, crisis económica derivada de la pandemia, inestabilidad política y debilidad de la divisa, que lastra las rentabilidades de las empresas, ya ha hecho que algunas de nuestras compañías comiencen a replantearse su presencia en estos mercados o, cuando menos, a mantenerse en una posición de observar y esperar hasta que comience a percibirse un cambio de tendencia.

A pesar de estos aspectos coyunturales, América Latina es y debe seguir siendo estratégica para España. Amén de la importante posición económica que ya ocupan nuestras empresas en la región, nos unen una historia, una cultura y una lengua comunes, que constituyen por sí mismos factores muy atractivos para que las empresas continúen viendo a la región como alternativa natural y muy atractiva para planificar su crecimiento futuro.

Ahora bien, no deberíamos engañarnos acerca de la supuesta fuerza que atribuimos al vínculo histórico y cultural para mantener, defender y reforzar nuestras relaciones con la región. En el campo de la estrategia, el espacio que deja vacante un actor pasa a ser ocupado inmediatamente por otro. Se trata de un axioma básico que no debemos olvidar, y que nos debe llevar a reflexionar sobre las líneas que debemos adoptar como nación en nuestra política exterior.

La prueba es que, simultáneamente a la pérdida de presencia de España en los últimos años, se ha producido un avance de las empresas rusas y chinas, así como de otros países europeos que carecen de esos lazos históricos y culturales que nos son propios. Quizás, erróneamente, hayamos dado por hecho en España que tenemos una relación privilegiada con América Latina a salvo de cualquier tipo de avatar. Pero lo cierto es que esa relación hay que cultivarla desde todos los ámbitos, también desde el ámbito político e institucional.

Sin duda, síntoma también de esta pérdida de peso e influencia de España en la región es el traslado de la sede europea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que desde 2012 residía en Madrid, a Bruselas. Las autoridades de este importante instrumento de financiación para proyectos de desarrollo económico, social e institucional en la región han entendido, al margen de cualquier otra consideración de afinidad cultural, que la proximidad del BID con el centro neurálgico del poder comunitario les confiere una clara ventaja de cara a captar los fondos que necesita para el cumplimiento de su misión institucional.

Por tanto, y a la vista de todos estos hechos, creemos que España necesita una política exterior que, además de ahondar en el enorme acervo cultural e histórico que compartimos con Latinoamérica, ponga también entre sus prioridades la defensa de los intereses de nuestras empresas, tal como hacen los países más avanzados del mundo. Es lo que esperamos de nuestro Gobierno en el contexto complejo que vive la región.