Hace unos días el Gobierno aprobaba la “Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027”, plan que supone que se sienten las bases para una política a largo plazo en materia de internacionalización y que, esperemos, pueda contribuir a consolidar una auténtica política de Estado en esta materia, como venimos reclamando desde hace años desde el Club de Exportadores e Inversores. Superada la crisis económica y tras 15 meses de crecimiento y evolución positiva en todos los indicadores macroeconómicos, el Gobierno considera que es el momento de alentar los buenos resultados cosechados en este tiempo en comercio exterior (en el periodo comprendido entre 2009 y 2016 las exportaciones de bienes y servicios han crecido un 50% hasta representar ya un 33% de nuestro PIB) y convertirlos en un fenómeno estructural.

Probablemente uno de los grandes aciertos que vemos desde el Club de Exportadores en la Estrategia de Internacionalización es el haber puesto el foco en las pymes, en la medida en que son este tipo de organizaciones las que deben contribuir a ampliar la base exportadora de nuestro país. Y la consecución de este objetivo pasa, inevitablemente, por la puesta en marcha de políticas fiscales, laborales, financieras y regulatorias que faciliten su desarrollo y crecimiento. Asimismo, las propias pymes deberían afrontar en los próximos años retos derivados de la innovación, la digitalización y el desarrollo del capital humano, tareas en las que las Administraciones deberían desarrollar una labor de acompañamiento.

Desde el Club de Exportadores e Inversores siempre hemos defendido que el problema de la política de internacionalización de España no pasa tanto por crear nuevos instrumentos, sino por aprovechar y perfeccionar los ya existentes y, sobre todo, asignar recursos presupuestarios adecuados a políticas que afectan directa e indirectamente a la internacionalización. Nuestro país dispone de una amplia batería de instrumentos de fomento de la internacionalización: financieros, de información, de promoción, etc. Por este motivo, pensamos que, a partir de la aprobación de la Estrategia de Internacionalización, sería bueno involucrar a un mayor número de ministerios, y no sólo al de Economía, en la definición de acciones concretas que favorezcan el desarrollo del sector.

En este sentido, y descendiendo a lo concreto, pensamos que una de las acciones que podría reportar interesantes beneficios a la política de internacionalización sería la aprobación, por parte del Ministerio de Hacienda, de determinadas medidas fiscales e impositivas, como la deducibilidad de pérdidas de filiales y establecimientos permanentes en el extranjero, o de los gastos de UTEs en el exterior, tal y como sucede ya en algunos de los países europeos que compiten directamente con el nuestro. Esta medida sería una forma de aligerar las cargas de muchas empresas cuya salida al exterior supone un extraordinario esfuerzo financiero que, sobre todo en los primeros momentos, puede llegar a minar el proyecto. Además, facilitaría también que se ampliara el número de países con los que España tiene firmados convenios de doble imposición.

Otra acción que consideramos necesaria, y cuyo impulso correspondería al Ministerio de Asuntos Exteriores, sería la apertura de nuevas embajadas en zonas donde nuestra presencia es reducida y el potencial de crecimiento es elevado, como el África subsahariana. Y otro tanto debería ocurrir con el fomento a la participación de las empresas españolas en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo financiados por España, como lo hacen otros países como Alemania, Francia o Reino Unido.

El sector exterior se ha revelado en los años de crisis como uno de los más dinámicos de nuestra economía. Primero constituyó un factor para amortiguar los efectos de la contracción del consumo en el mercado interior, y en un segundo momento, ha supuesto la mayor inyección de crecimiento para nuestra economía. La Estrategia de Internacionalización 2017-2027 que plantea el Gobierno puede servir como oportunidad para que, sobre las bases del terreno ganado en los últimos años, España sea capaz de alinearse en intensidad y objetivos con las políticas de nuestros socios comunitarios, que compiten con nosotros en terceros mercados.