Extender el ciclo virtuoso exportador

Antonio Bonet (presidente del Club)
Expansión
31 de mayo de 2019

Es llamativo que los programas electorales con que los partidos políticos concurrieron a las recientes elecciones legislativas dedicasen menos de un 1% de sus propuestas a la tarea de impulsar la internacionalización de la empresa española. Estamos hablando del sector que en los últimos diez años se ha erigido en el principal motor de crecimiento económico y que ha originado el mayor cambio estructural de la economía española en nuestra historia reciente.

Los datos a este respecto no dejan lugar a dudas. Si las exportaciones de bienes y servicios representaban en 2009 un 23% del PIB, en estos momentos su peso es nada menos que del 34%, situándonos en cotas superiores a las que presentan Francia o Italia. Estamos además ante una evolución que ha tenido como principales protagonistas a las empresas, obligadas por la propia contracción del mercado interior a salir de su círculo de confort y buscar nuevos destinos para sus productos.

Si la exportación había sido tradicionalmente contemplada por muchas empresas como un remedio coyuntural ante la caída de la demanda interna, el principal cambio que se ha operado es fundamentalmente de modelo. Las empresas han incorporado la exportación y la internacionalización a sus estrategias como un elemento necesario para mantener y reforzar su competitividad. Asimismo, una economía orientada al exterior se vuelve más robusta y menos vulnerable a los riesgos que se derivan de los cambios de ciclo económico.

Las últimas estadísticas oficiales indican que España vendió el año pasado bienes y servicios por valor de 414.000 millones de euros. Vale la pena subrayar que la exportación de servicios turísticos es superada cuantitativamente por la exportación de servicios no turísticos. Nos referimos, por ejemplo, a los servicios de ingeniería, consultoría, transporte o tecnologías de la información, que a diferencia del turismo, muy intensivo en mano de obra, presentan un mayor valor añadido.

A la hora de caracterizar el sector exterior español, resulta imprescindible incidir también en la importancia que ha adquirido la inversión directa en el extranjero. Actualmente supone un stock de 500.000 millones de euros, lo que nos sitúa como el duodécimo inversor mundial. En total, son más de más de 10.000 las participadas (directa o indirectamente) en el exterior por las empresas españolas, cuya facturación asciende a 500.000 millones de euros y el empleo generado a más 1,6 millones de puestos de trabajo.

Como vemos, son todos ellos grandes logros que debemos tanto a nuestras empresas como en buena medida a las reformas gubernamentales aprobadas para superar la crisis. No obstante, el devenir de los mercados y de los ciclos económicos hace necesario que no caigamos en la complacencia y nos pongamos manos a la obra para impulsar la actividad económica española en el exterior. En estos momentos hay signos evidentes de que la exportación de bienes está perdiendo dinamismo —los datos de noviembre y diciembre de 2018 fueron negativos, y la evolución en enero y febrero de 2019 es muy débil e inferior a la de otros muchos países de la UE—. A esta coyuntura se suma un panorama económico nacional e internacional en franco deterioro.

Por esta razón, creemos que urge adoptar políticas que conciten un consenso amplio entre las diversas fuerzas políticas para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo, con independencia del partido que gobierne. Se están dando pasos en este sentido: el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020 (recientemente aprobado por el Consejo de Ministros) se integra en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027, que aprobó el Gobierno del Partido Popular.

Pero hay que ir más allá de las competencias del ministerio responsable de comercio exterior. Es necesaria una política de Estado que involucre a los ministerios competentes en materia empresarial, económica, tecnológica, laboral, fiscal y de relaciones internacionales. En este epígrafe se deberían incluir medidas transversales, tendentes a aligerar la carga fiscal que soportan las empresas en general, así como todo tipo de trabas de carácter normativo que se oponen al desarrollo de la iniciativa empresarial y que impiden que nuestras pymes ganen tamaño y músculo financiero, dos factores que inciden directamente en la innovación y favorecen la inserción en los mercados exteriores.

Del mismo modo, se hace imprescindible un desarrollo de nuestra actividad institucional y diplomática con el fin de dar soporte a nuestras empresas en las zonas más dinámicas y de mayor crecimiento en el mundo. No se trata de abandonar los mercados que hasta hoy han sido más próximos para nosotros por cuestiones geográficas o culturales, como pueden ser Europa o Latinoamérica, sino de abrirnos a esas nuevas regiones que centran hoy el nuevo eje de influencia económica en el mundo. En este sentido, las empresas españolas deben poner el foco en el sudeste asiático y en África, como de hecho llevan años haciéndolo nuestros principales competidores. Al fin y al cabo, son las regiones que presentan a largo plazo un mayor potencial de crecimiento.

Otra de las asignaturas en las que debemos mejorar se refiere al valor agregado de los productos y servicios que vendemos en el exterior, un factor indiscutible de competitividad que se logra fomentando la innovación, la tecnología y el diseño. Se trata de un campo en el que tiene mucho que decir nuestro sistema educativo, dotando a los futuros profesionales de los conocimientos, las herramientas y las capacidades que demanda un mundo que camina rápido hacia la digitalización en todos los campos. No podemos olvidar que hoy por hoy 100.000 ofertas de trabajo quedan vacantes en las empresas por ausencia de profesionales con los perfiles demandados.

En definitiva, venimos de experimentar un importante crecimiento de nuestra actividad exterior en los últimos años, pero no nos podemos permitir retroceder en esta posición tan duramente ganada. Muchas empresas españolas han demostrado en este tiempo que pueden competir con éxito en los mercados internacionales. Pero necesitamos muchas otras que se sumen a esta actividad; España solo tiene 52.000 empresas que son exportadores habituales. Y en este reto, la contribución de las administraciones públicas mediante el apoyo normativo y financiero resulta imprescindible. Por eso, desde el Club de Exportadores e Inversores entendemos que la internacionalización empresarial debe ser una política de Estado, y esperamos que así lo conciba el nuevo Gobierno.